Desde la oposición en Diputados rechazan la jugada, pero no descartan tratarla en sesión especial, siempre que estén conformes con los cambios.
En una sesión especial, el Senado dio media sanción ayer, por unanimidad, a la Ley de Bosques, tras haberle introducido una serie de cambios, algunos más bien formales y otros de fondo. El texto fue girado a Diputados y tomará estado parlamentario en la sesión de hoy.
De esa forma, los senadores trasladaron a la Cámara baja la presión de aprobar la norma antes de fin de mes, bajo pena de dejar caducar fondos millonarios que sólo se distribuirán entre las provincias que tengan sus ordenamientos territoriales aprobados.
Tal jugada generó malestar entre los diputados de la oposición que, por un lado, señalaron que no se dejarán presionar pero, al mismo tiempo, dejaron abierta la posibilidad de convocar a una sesión especial en caso de que la nueva letra de la ley satisfaga sus expectativas.
La sesión del Senado no tuvo sobresaltos. El representante de Paclín y presidente del bloque del FCS, Jorge "Yayo" Agüero, fue el encargado de dar a conocer los cambios efectuados a la ley y consensuados por las tres comisiones donde se debatió. También fue quien se anticipó a las críticas que, se preveía, sobrevendrían desde la Cámara baja por el tratamiento a contrarreloj de una ley que, todos coinciden, es de vital importancia para el futuro productivo y ambiental de la provincia. "No se ha perdido el tiempo" y "no hay especulaciones ni segundas intenciones al poner en debate esta ley, sino que se ha llegado a un punto de consenso y de apreciación positiva y unánime de este cuerpo para su tratamiento", defendió Agüero y aseguró que mientras el ordenamiento era elaborado y esperaba tratamiento legislativo, "el Gobierno provincial ha facilitado el desarrollo y la no paralización de las actividades, utilizando los resortes que las leyes y la Constitución les otorgan, y mediante decretos ha permitido que se efectúen desmontes y trabajos de orden forestal". Agüero también aprovechó para tirar un dardo al Congreso Nacional, al cuestionar la aprobación de la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos, sin haber hecho consultas a las comunidades, una tarea que quedó en manos de las provincias. "Otro hubiera sido el panorama si antes de que el Congreso de la Nación votase la ley 26331 le hubieran dado amplia difusión y los señores legisladores nacionales hubiesen participado en las audiencias públicas como lo están haciendo con la ley de modificación del matrimonio que los lleva a recorrer el país, estar en todos los foros y en los medios permanentemente".
El senador por Antofagasta, Luis Rodríguez, introdujo al debate una moción solicitando que se incluyera a los municipios como parte interesada en la ley y que se creara una comisión bicameral que se encargue de controlar la aplicación de la norma. Pero no tuvo el apoyo de sus pares porque, en palabras de Agüero, involucrar a los municipios burocratizaría el proceso. De hecho, la norma establece pasos bastante burocráticos, tanto para habilitar los fondos compensatorios a las áreas protegidas como para autorizar desmontes. En el primer caso, se exigirá la presentación y aprobación de un plan de conservación o manejo sostenible de las áreas protegidas, a fin de habilitar el pago de los servicios ambientales que presten los bosques. Y, en el segundo caso, se convocará a audiencias públicas cada vez que se solicite un desmonte cuyo impacto ambiental pueda ser significativo para las comunidades circundantes.
Mientras en Diputados analizan si asumirán el costo político de perder los fondos de compensación si no dan sanción a la ley hasta el 30 de junio, también salió a rodar la versión de que la sanción del presupuesto legislativo -trabada desde diciembre en el Senado- podría ser la moneda de cambio. Por lo pronto, desde la Cámara alta se encargaron de recordar que los diputados realizaron reiteradas reuniones por el tema bosques, por lo que no pueden decir que recién se desayunan con el proyecto.
QUÉ DICE LA LEY
La norma aprueba el mapa que divide al territorio provincial en zonas rojas (máxima conservación), amarillas (de mediano valor de conservación) y verdes (donde se habilita el desmonte). En blanco quedan las zonas ya ocupadas o sin masas boscosas.
Crea un programa provincial de bosques nativos y un consejo consultivo para aconsejar a la autoridad de aplicación, que es la Secretaría del Agua y el Ambiente.
Los fondos compensatorios para áreas en rojo o amarillo se darán tras aprobación de plan de conservación o manejo.
Los emprendimientos preexistentes ubicados en áreas protegidas, que no hayan tenido su oportuna autorización, deberán readecuar sus actividad es en un plazo de 2 años.
Quien solicite desmonte debe presentar seguro de caución, informe de impacto ambiental y eventualmente el desmonte puede ser sometido a audiencia pública.
Pase de facturas
"Al proyecto del Senado no lo conocemos todavía -dijo ayer la presidenta de la comisión de Ambiente de Diputados, Amalia Buenader- pero indudablemente se está tratando de sacar una ley de apuro para no perder el dinero, cuando nosotros la reclamamos desde 2007". Ayer, mientras el Senado aprobaba la ley, la comisión de Ambiente de Diputados se reunía para ver qué hacer con el tema. Buenader resaltó que "no hay intención de poner palos en la rueda" y no descartó la posibilidad de convocar a una sesión especial para darle tratamiento, pero igual tildó de "pillesca" la movida del Senado.
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