El gobernador envió ayer a la Legislatura el decreto con las propuestas para mejorar la ley de emergencia en seguridad. En total vetó 10 artículos y varios incisos específicos de la norma.
A través del decreto Nº 3.445, que contiene las medidas anunciadas en esa oportunidad por el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, para lograr una política de seguridad democrática, se considera “oportuno y conveniente” que se autorice al Poder Ejecutivo para “reestructurar sus recursos y disponer lo necesario para organizar a la Policía de la provincia de Santa Fe en unidades territoriales más pequeñas, pudiendo crear órganos especializados, instaurar responsables por distritos de seguridad y fomentar la participación ciudadana en la selección de las autoridades policiales”.
De la misma manera, el decreto establece la necesidad de “propiciar la injerencia de los gobiernos locales y disponer que determinadas áreas administrativas de la Policía provincial dependan en forma directa del Ministerio de Seguridad”, como una forma más de control.
La norma también prevé que el Poder Ejecutivo “tomará los recaudos presupuestarios necesarios” para llevar adelante las medidas anunciadas. En ese marco, se prevé la creación de un Fondo Especial de Asistencia a la Seguridad Pública y de la Prevención Ciudadana, que estará constituido por el 10 por ciento de lo recaudado por el Impuesto de Sellos en módulos tributarios a cuyo efecto su valor unitario se establece en 10 centavos.
Las propuestas anunciadas por el Ejecutivo para ampliar y modificar la ley de emergencia, remitida al Ejecutivo por la Cámara de Diputados, contemplan, además, una reorganización de la Policía, la incorporación de responsables distritales de Seguridad y que las dependencias de áreas de sumario dependan directamente de la cartera de Seguridad.
Asimismo, se prevé un nuevo régimen de ascensos y concursos (y no con juntas de calificaciones), la entrega de datos sobre actos delictivos al Instituto Provincial de Estadística y Censos para su publicación (índices de criminalidad), aumentando de este modo la transparencia de los actos de gobierno; y sanciones administrativas para los casos de incremento patrimonial.
En lo que respecta a las propuestas del Ejecutivo, el decreto establece, además, “el desarrollo y la implementación de programas de asistencia individual, familiar y social tendientes a atacar las causas de la delincuencia y la violencia en todas sus modalidades, haciendo especial hincapié en los sectores más vulnerables de la comunidad”.
Asimismo, “se autoriza al Ejecutivo a ampliar el número de cargos de la planta de personal permanente de la Policía de la provincia de Santa Fe del Ministerio de Seguridad, en la cantidad total de 4.000 efectivos, los cuales una vez adquirida la capacitación y formación pertinente, cumplirán funciones preventivas en comisarías y lugares públicos, debiendo implementarse los mecanismos financieros necesarios en el presupuesto vigente”.
Por otra parte, se prevé la necesidad de “brindar asistencia al personal policial en materia de soluciones habitacionales y constituir un equipo multidisciplinario de contención y asistencia al personal policial víctima de accidentes o hechos violentos vinculados al servicio, como así también a su familia”.
En otro de sus artículos, la norma dispone la “adquisición de equipos y sistemas informáticos destinados a la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, Tropas de Operaciones Especiales, Dirección Provincial de Asuntos Internos Policiales, la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas y departamentos que integran la plana mayor”.
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