En esta causa ya tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal contra el dueño de la principal droguería que abastecía de remedios a la obra social de los camioneros, Marcos Hendler. Este empresario también se encuentra procesado en la investigación llevada adelante por el juez Norberto Oyarbide en una causa paralela a la de la “mafia de los medicamentos”. Allí se investiga a más de medio centenar de obras sociales, no sólo a Camioneros.

Bonadio cuenta con una pericia del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) que confirma que más del 60% de los troqueles de los remedios presentados por la obra social de camioneros ante el APE para el cobro de reintegros son falsos. La comparación se hizo con un troquel original aportado por la compañía fabricante de Erbitux, un remedio oncológico.

Este magistrado advirtió “irregularidades” tales como un faltante de documentación respecto de la “constancia de la devolución de fondos”, de “declaraciones juradas” y “en los expedientes de rendición de cuentas en casos de otorgamiento de subsidios”. Además, en esta investigación se detectó la “falta de informes de asistencia brindada en la modalidad que corresponda, medios de pago y la falta de troqueles”, según consta en la causa.

Además de Hendler también se encuentran procesados en las causas vinculadas a las obras sociales el ex responsable de la APE, Hugo Solá, un hombre que había llegado al cargo de la mano de Moyano, y el ex auditor médico de la obra social de Camioneros, Daniel Lombardero. Esos fallos están confirmados por la Cámara Federal. El problema para Moyano, de acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, es que su firma aparece en los expedientes analizados.