El tema político ya fue rotulado como "muy delicado", sin embargo los concejales siguen adelante con la acusación contra ex funcionarios de Bolívar por supuestos negociados con viviendas. Según publicó La Tecla, representantes políticos del distrito apuntan que "todavía no hay ´pruebas concluyentes´ que permitan atribuir responsabilidades, pero sí indicios sobre propiedades obtenidas a través de extorsiones y otros mecanismos ‘non sanctos´".

Dirigentes del PRO y el Peronismo Federal motorizan en el HCD la investigación, que por ahora no menciona públicamente nombre alguno, pero que se direcciona hacia los tres períodos del gobierno municipal de Juan Carlos Simón, ahora legislador.

En este marco, decidieron elaborar un proyecto pidiéndole al Deliberante que cree por decreto una comisión investigadora. "La mecánica que se habría utilizado desde ex funcionarios municipales es la intimación lógica y legal que se realiza a personas que adeudan tasas municipales, pero bien focalizada a personas mayores de edad, que no tienen descendientes aquí, o a aquellos bienes respecto de los que hay problemas de sucesión -muchos herederos, en algunos casos desconocidos o que se pelean entre sí", imputan.

"Lo que se habría hecho después de esas intimaciones, es iniciar acciones judiciales. Y presuntamente los funcionarios municipales habrían visitado a estas personas, para ofrecerles la compra del bien a un precio mucho menor al del valor del mercado. Y le adquirirían a esa persona alguna casa de menor valor en otro lado, a cambio de que se haga cargo de la deuda", relató Claudio Carnevale.

En medio de este cuadro, las "víctimas" accederían, debido a que se trata de personas que se hallan en una posición de "extrema debilidad", tanto económica como psicológica, esta última provocada por "las presiones ante una intimación orientada al posible remate de la vivienda", acusan.

En otros casos, "se nos ha informado que han adquirido la posesión en forma veinteañal", es decir, se habrían quedado con casas "que luego de haber fallecido el titular, habían pasado por varias generaciones pero sin que se legalizara" la titularidad, continúan la denuncia.

Luego de esto, "el funcionario, el allegado o el familiar, que en algunos casos serían hijos del funcionario, aprovechando su condición habrían negociado pagar las tasas o bien sólo el capital, y que se les perdonaran los intereses, o en cómodas cuotas", opciones que jamás les habrían sido ofrecidas al propietario original, añadió Carnevale.

Por las informaciones que circulan, la comisión investigadora indagaría si este presunto delito se realizó a nivel individual, en cuyo caso la figura sería abuso de autoridad, o si fue desarrollado en grupo, lo que configuraría asociación ilícita.