Asimismo, el defensor Gustavo Corregido lamentó que las autoridades sigan sin querer hablar de convocar a audiencia pública como lo marca la Constitución y dejó claro que, en caso de seguir sin cumplirse la resolución del juez Julián Flores, estarían incurriendo en “desobediencia judicial” y sería factible la intervención de la justicia penal.

El defensor del pueblo Gustavo Corregido se mostró sorprendido de que los funcionarios no hablen de audiencias públicas.

Explicó que, ante el atraso para retrotraer la tarifa, el defensor no tiene injerencia porque ya hay una sentencia, que --aseguró-- “tiene efecto desde que toman conocimiento. Si se negaran a retrotraer el boleto estarían incurriendo en un delito de desobediencia judicial y en ese caso seguramente va a intervenir la justicia penal, dirigiéndose a los funcionarios que no acaten el fallo”, al tiempo que confirmó que en el expediente está asentado que “la provincia y el municipio están notificados y resta que los representantes hagan lo propio con las empresas de transporte público de pasajeros”.

Lo predecible

En lo que concierne al boleto de transporte público, señaló a Radio Universidad que “la Defensoría no descubrió la pólvora, sino que lo único que hizo fue leer la Constitución y las leyes y observar las circunstancias en que fueron aplicados ambos aumentos, tanto del pasaje urbano como del interurbano. También citamos todos los fallos que hay en la nación e inclusive en la provincia de Corrientes y por eso siempre mantuve que se iba a resolver de esta manera por los numerosos fallos que así lo dicen”.

Para Corregido “ocurrió lo previsible” y ahora las empresas tendrán que adaptar el precio y lo que ordenó el juez. De todos modos, indicó que “me preocupa la situación, porque transcurrida una semana ningún funcionario está hablando de audiencia pública, que es el nudo central del fallo” y recordó que en ese sentido “la semana pasada pedí una aclaratoria al juez, quien expresó que la ausencia de una audiencia pública convierte en nulo e inconstitucional cualquier aumento de tarifa en el transporte. Eso queda bien claro; pero los funcionarios en forma extraña no se pronuncian al respecto y es el tema por resolver”.

“Hace más de diez meses advertimos que esto iba a pasar por la falta de audiencia pública y que el estudio de costos hecho fue arbitrario. Ahora, con los hechos conocidos, nadie sabe qué va a pasar, agregándole tensión a la sociedad de forma injustificada y espero que funcionarios provinciales y municipales se hagan responsables del daño que están causando”.

Audiencia pública

En expresa referencia a que fijar un aumento sin audiencia pública estará viciado de nulidad , recordó que las audiencias están insertas en la Constitución y que inclusive “tenemos una ley de audiencia pública que es de muy reciente sanción legislativa y que estos funcionarios no deben desconocer. Me llama la atención que, conocido el fallo, no haya ningún funcionario que hable de la audiencia pública, inclusive en el amparo de Secheep”.

Sobre el tema de la energía “se hablaba de una necesidad de establecer un cargo fijo que no es discutido por la Defensoría, sino la forma como se establece”. Al respecto mencionó que pasó más de un mes del fallo y “todavía no conocemos la readecuación tarifaria de Secheep ni mucho menos la realización de una audiencia pública. No entendemos por qué esta negativa de los funcionarios a participar de una audiencia pública”.

Para graficar lo positivo del sistema de audiencias, manifestó que recientemente participó de una experiencia en la que el Ministerio de Planificación y Ambiente y la Administración Provincial del Agua (APA) organizaron una audiencia pública en el barrio San Pedro Pescador porque había un conflicto con la construcción de viviendas para alojar a los vecinos que están próximos a las barrancas y corren riesgo de desmoronamiento. “Fueron funcionarios y explicaron la urbanización y el proyecto, así los vecinos tomaron conocimiento, se tranquilizó la situación en el barrio y todos estuvieron de acuerdo”. Esto pone en evidencia que los funcionarios cumplieron su obligación de explicar lo que hacen en la administración a su cargo.

En ese contexto señaló que “no entiendo por qué Secheep no quiere llamar a audiencia pública”. Y lo mismo ocurre con el caso del transporte, tanto en la provincia como en el municipio. “Es una situación incomprensible y sorprende que quieran administrar la cosa pública como en el siglo pasado”.