Las boletas de gas empezaron a llegar a los hogares con fuertes aumentos, pese a que en Mar del Plata sigue vigente el amparo judicial que impide la quita de subsidios al servicio. Según denuncian los usuarios, en algunos casos las subas superan el 100 por ciento en el tercer bimestre en relación al mismo período del año pasado. Los incrementos responden al nuevo cuadro tarifario.

Vecinos de distintos barrios de Mar del Plata llegaron hasta la redacción de LA CAPITAL con sus boletas del último bimestre en mano y las subas varían desde un 80% a más de un 100% "Es un aumento desmedido que representa un duro golpe al bolsillo", se quejan.

Hay usuarios que sufrieron fuertes aumentos: pasaron de pagar $234 a $509. "En períodos iguales y con muy similares consumos en el último año, la tarifa subió un 114%. Y si lo comparamos con los últimos dos años, el incremento ascendió a 234%. Además en el cuarto bimestre ya está dispuesta otra suba", advierten.

La llegada a los hogares marplatenses de boletas de gas con grandes aumentos comenzó a generar reclamos, incertidumbre y presentaciones de los usuarios ante la distribuidora local Camuzzi. En los últimos días creció la cantidad de consumidores que se presentaron en las oficinas de la empresa para pedir explicaciones o presentar notas contra la suba. Las quejas aluden no sólo a la sorpresa por el incremento, sino a su complejo marco de aplicación.

Pese al aviso de que pagarían más a partir del cuarto mes del año, la mayor parte de los usuarios priorizó el uso del gas por encima de un anticipado golpe al bolsillo a través de la factura. En abril, los usuarios residenciales de todo el país consumieron 713,71 millones de metros cúbicos (m3), casi 30% más que los 550,48 millones del mismo período del año anterior.

Para evitar que las boletas les lleguen con aumento, desde las asociaciones de Defensa del Consumidor explicaron que los usuarios tendrán que reducir en más de un 20% el consumo registrado en el mismo bimestre del año anterior. Si el ahorro oscila entre un 5% y un 20%, la reducción del cuadro tarifario será menor.

Otra alternativa es la que contempla a las personas que en su momento solicitaron su excepción al régimen impuesto por el cargo 2067/09 vinculado al costo del gas importado. Abarca a quienes padezcan enfermedades crónicas que impliquen un mayor consumo, a quienes tengan un ingreso previsional equivalente a un haber mínimo y a quienes reciban una pensión no contributiva o sean beneficiarios de planes sociales, a quienes tengan el domicilio afectado por actividades de índole social y a quienes perciban alguna asignación familiar. La medida también alcanza a quienes cuenten con algún certificado de discapacidad, a quienes posean ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plana, a quienes estén exentos del pago de tasas municipales o posean viviendas con características edilicias desfavorables que impliquen un mayor consumo (viviendas precarias o carentes de otros servicios públicos), a quienes posean viviendas con anexos destinados a actividades comerciales, o viviendas en las cuales conviven múltiples hogares. En todos estos casos, para quedar afuera del nuevo cuadro tarifario se deberá requerir expresamente el beneficio.

La quita de subsidios al gas no puede ser aplicada en Mar del Plata a raíz de una medida cautelar que rige desde 2009. Ese año la Defensoría del Pueblo presentó ante la Justicia local una medida cautelar que dejó sin efecto la suba de tarifas. Por entonces, la justicia federal ordenó a la empresa proveedora -Camuzzi Gas Pampeana- abstenerse de facturar los cargos correspondientes al decreto de 2067/08 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La decisión del magistrado no fue aislada: el cargo tarifario aplicado a las facturas de gas para cubrir los gastos de importación del combustible cosechó en todo el país una decena de medidas cautelares que suspendieron el cobro a los usuarios de ese concepto.

La acción de "no innovar" se mantuvo firme en primera instancia, en la Cámara de Casación Federal y finalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acción estaba basada en que la quita de subsidios fue por un decreto del Poder Ejecutivo, impulsado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y para que esto suceda debía estar aprobado por el Congreso de la Nación en la ley de presupuesto nacional.

En 2013, Congreso incorporó la quita de subsidios al presupuesto y se presentó en la Justicia para que caiga en abstracto la medida de no innovar. La Justicia volvió a darle la razón a la Defensoría del Pueblo, al aducir que la modificación de la norma no resolvía la situación de fondo. De todas maneras, se prevén fuertes aumentos en las próximas boletas.