Bogotá: polémica destitución del alcalde de izquierda

Bogotá: polémica destitución del alcalde de izquierda
La Procuraduría colombiana, liderada por un polémico abogado de ultraderecha, ordenó ayer la destitución del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ex guerrillero del desmovilizado M-19, y le impidió desempeñar cargos públicos por 15 años.
A Petro, otrora ácido senador que hizo temblar el establecimiento con sus debates, se le acusó de “improvisar” en el manejo de recolección de basuras, al cambiar el modelo que venía operando, lo que generó una crisis sanitaria en diciembre de 2012.

Tras el fallo, miles de personas –de los ocho millones de habitantes de Bogotá, el segundo cargo político en importancia del país–, se congregaron en la céntrica Plaza de Bolívar. Los manifestantes acusaron al procurador Alejandro Ordoñez de escudarse en el fallo para declararle una guerra soterrada a los movimientos de izquierda. Petro, que dice trabajar por “Una Bogotá más Humana”, asumió el cargo en 2012. Después de conocer la decisión, y a través de su cuenta de Twitter, calificó el hecho de “ataque frontal contra la democracia” y “golpe de Estado contra el gobierno de Bogotá” al tiempo que instó a sus seguidores a movilizarse, pero “en calma”.

Pese a que tiene una oportunidad de apelar de la decisión, Petro es el segundo mandatario de Bogotá en ser destituido. En mayo de 2011, el también izquierdista Samuel Moreno, nieto del único militar-dictador que ocupó la presidencia de la nación, fue destituido y hoy está en prisión por corrupción.

En el pasado, el procurador Ordoñez –miembro del Opus Dei y criticado por su relación personal con políticos señalados de tener nexos con grupos paramilitares de ultraderecha– destituyó e inhabilitó a la senadora Piedad Córdoba acusándola de ser cercana a las rebeldes FARC; a dos ex ministros del gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010), al ex secretario general de Uribe y a dos ex directores de inteligencia de la misma administración.

El presidente Juan Manuel Santos expidió un comunicado: “El Gobierno Nacional, como ha sido su costumbre y obligación, frente a cualquier decisión de los organismos de control, respeta la decisión de la Procuraduría General de la Nación, así como los recursos que a bien tenga interponer y a los que tiene derecho el señor Alcalde Mayor de Bogotá”, señaló. Pese a que Petro tiene derecho a pedir una reversión de la decisión ante el mismo Procurador, que lo aleja del cargo en la mitad de sus cuatro años de mandato. Si se mantiene la medida, el presidente Santos está obligado a nombrar un reemplazo temporal que sea del mismo partido del alcalde y convocar a elecciones extraordinarias.

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