Tras una reunión que se hizo en el Concejo Deliberante, el bloque oficialista decidió consultar a juristas antes de fijar una posición acerca de si Gustavo Segre debe permanecer o no en el cargo.

Lo confirmaron anoche a PUNTAL fuentes legislativas.

El encuentro para resolver qué posición asumirá el bloque en torno del caso Segre se llevó a cabo luego de una reunión que los concejales mantuvieron con el intendente Juan Jure en torno de la venta del 90 por ciento de Gamsur.

Del cónclave participaron todos los concejales, incluido el presidente del cuerpo, Eduardo Yuni. Sin embargo, no estuvo presente el propio Segre.

La Fiscalía elevó a juicio la causa de los criollitos en la que están imputados el propio Segre y su secretaria, Verónica Abasolo.

Esto complica la situación de Segre como concejal. Sin embargo, el jefe de la bancada oficialista dijo que permanecerá en el cargo.

"Se trata de una operación política, pero igual voy a seguir en el cargo", dijo.

Segre está imputado por intento de fraude a la administración pública agravado y uso de documento privado adulterado.

Se trata de la adulteración de una factura de panadería de 12 pesos y que pasó a ser de 312 pesos.

"Los concejales hemos decidido pedir dictámenes sobre este caso en particular a juristas y también a la Fiscalía Municipal antes de dar a conocer nuestra opinión", señalaron las fuentes consultadas.

Y agregaron: "Queremos tener una cabal interpretación del artículo en cuestión antes de fijar una posición oficial".

Entre los concejales, las opiniones están divididas. Es por ello que se recurre a la interpretación de los juristas.

Con la elevación a juicio de la causa que investiga la adulteración de facturas en el Concejo Deliberante, Segre y Abasolo están al borde de ser apartados de la función pública.

"De fondo hay una malintencionada maniobra en donde se hizo un proceso administrativo antes y luego se entregó a algún periodista para que lo abordara públicamente", se defendió Segre.

Y añadió: "Es una operación política".

El jefe de bloque apuntó también al fiscal Julio Rivero, quien elevó la causa a juicio, dejando entrever "actitudes inoperantes" del funcionario judicial.

En tanto, los compañeros de bloque también criticaron la decisión del fiscal al tiempo que consideraron que tal medida se asumió oportunamente para desviar la atención de los inconvenientes que se suscitaron en torno a la relocalización de familias en la villa Ranqueles y a las repercusiones por el escándalo en la alcaidía.

"Decir eso es un absurdo. No tiene ningún sentido", contestó el jefe del bloque peronista, Víctor Núñez, al negar la teoría de la cortina de humo que se lanzó desde el oficialismo.

Por su parte, el intendente Jure salió a respaldar a Segre, imputado en la causa de los criollitos.

Pero el jefe de bloque tiene decidido apelar la medida ante el juez de Control, Daniel Muñoz.