El bloque de concejales justicialistas-FpV restó merecimientos al proyecto del concejal Axel Cantlon que propone la caducidad de la concesión del servicio de agua potable y cloacas a la empresa mixta ABSA, calificándolo de "poco consistente al no analizar en detalle cada uno de los aspectos esenciales de toda concesión de servicios públicos como son el económico-financiero, técnico, de recursos humanos, y otros".

"El proyecto de ordenanza roza el grotesco -opinaron los concejales-, ya que pretende legislar sin el mas mínimo sustento desde la práctica legal y técnica legislativa, y ni siquiera establece criterios claros para conducir el procedimiento de cese de la concesión. De haberse aprobado el proyecto de Cantlon el municipio habría incurrido en graves ilegalidades y muy probablemente habría dejado a la población de Campana sin el servicio de agua y cloacas en el corto plazo".

"Esta es evidentemente otra iniciativa de la oposición que no está pensada para ser aprobada, sino que su objetivo es simplemente golpear políticamente al gobierno municipal, para acusarlo luego de no acompañar nunca un proyecto surgido de la oposición. De esto se dieron cuenta otros concejales opositores que le recomendaron a Cantlon volver a estudiar el proyecto en comisión, para de esa manera pulirlo de sus incoherencias, pero el concejal radical se negó y pidió la votación, a sabiendas de que el proyecto sería rechazado", dijeron los concejales. La votación final fue 4 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, con el voto de la oposición dividido.

"Otro punto flojo de la argumentación a favor del proyecto fue la falta de un decreto provincial de aceptación de la concesión. Sin ese decreto la concesión no tendría sustento legal y debería caer automáticamente. Fue ese otro error del autor del proyecto, ya que en realidad el decreto de marras si existe, simplemente no fue encontrado, en una pesquisa evidentemente superficial y a la ligera", dijeron.

"Además, -agregaron los concejales- el proyecto propone un período de transición de seis meses entre la caída de la concesión y el nuevo llamado a licitación, durante el cual el servicio seguiría en manos de ABSA. Otra incoherencia difícil de justificar e implementar.

En definitiva, el proyecto tiene vicios formales, políticos y prácticos de todo tenor, que lo hacen inviable legislativamente, denotan una gran ingenuidad en su elaboración, y aun poca profundidad a la hora de fundamentar la iniciativa."