El gobierno provincial calcula que unos 23.000 empleados públicos provinciales y comunales se beneficiarán cuando se apruebe la ley de "blanqueo" de los no remunerativos, un proyecto que es evaluado en el seno de la Casa de las Tejas a la espera de la ocasión política para enviarlo a la Legislatura.

Casi el 25% de los agentes públicos cobran entre el 20 y el 30% de su sueldo en «no remunerativos».

La iniciativa fue una promesa del gobernador Juan Schiaretti, en la inauguración del 132º período de sesiones legislativas, pero también lo ratificó el Tribunal Superior de Justicia en una acordada en la que definió que el núcleo duro del haber jubilatorio (lo que no se puede tocar ni siquiera en caso de emergencia) es el 82% del sueldo de bolsillo de un trabajador en actividad, y que los "no remunerativos" que componen el sueldo también deben ser computados en caso de que el haber no llegue a esta cifra.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia también falló en el sentido de que lo no remunerativos forman parte del sueldo y deben afectarse al cálculo del haber jubilatorio.

El denominado "caso Bossio" que es el que abrió la polémica es el que da sustento legal a la nueva acordada del TSJ definiendo el alcance de los no remunerativos, y es el que fue apelado por sus interesados ante la Corte Suprema de Justicia donde esperan que sea anulado o ratificado.

A través del fallo Bossio, la Provincia sacó una ley en la que establece que los alcances de los descuentos a las jubilaciones de más de 6.000 pesos son el 18%, porque el 82% restante no puede ser tocado ni convertido en bonos, tal como dispone la ley de emergencia previsional.

Mientras el blanqueo de los "no remunerativos" favorece a los sectores con más bajos salarios del escalafón, el recorte de haberes jubilatorios a las jubilaciones más bajas es un intento del gobierno por poner un componente solidario para enfrentar el abultado déficit de la Caja de Jubilaciones que fue el año pasado de 1.129 millones de pesos.

La fórmula para balancear lo que saldrá de la Caja por el blanqueo de los no remunerativos, deberá ir junto a una fórmula que permita recortar a las jubilaciones más altas, lo que en los pasillos del TSJ denominan "derechos debilitados", y que tienen parte del fundamento en el fallo Bossio. En un párrafo de la acordada del máximo Tribunal Superior se expresa que por razones presupuestarias, de solidaridad o emergencia puede el Ejecutivo o la Legislatura instrumentar una política que tienda a resolver el problema de la Caja.

Ante la posibilidad de que una ley recorte derechos "debilitados" de haberes jubilatorios, que fueron generados más en base a "generosidad" de algunos gobernantes, que a lo que dice la Constitución y las acordadas del TSJ, se desatará una tormenta política en la que intervendrán sectores poderosos que intentarán mantener jubilaciones de más del 100% de lo que gana un trabajador en actividad. En este ínterin, por el abultado déficit y sin la ayuda de la Nación, la Caja terminaría derrumbándose y abriendo la posibilidad de que en un futuro no muy lejano los jubilados perciban el 50 o 60% de lo que cobran los activos en el mismo cargo. Un visible retroceso al 82% sobre el haber líquido que los poderes de Estado deberán mantener para el sostenimiento del sistema jubilatorio, en especial cuando estos derechos están respaldados por la Constitución Provincial.