El secretario de Gobierno del Municipio y electo Legislador Provincial, Pablo Blanco, se sumó a los rechazos al fallo del Juez Federal Federico Calvete, que condicionó la precandidatura a Diputada Nacional de la actual legisladora provincial Élida Dehesa sobre la base de la inhabilitación perpetua declarada en su contra durante la última dictadura militar.
Pablo Blanco entendió que “nada bien le hace a todo este tiempo de vida democrática que vive nuestro país” que una persona que fuera víctima deba soportar este tipo de condicionamiento por algo resuelto en un Consejo de Guerra durante los años más oscuros de la historia de nuestro país, lo que debería restarle legitimidad a dicho condicionamiento a su candidatura.
“Me solidarizó con la Legisladora Dehesa. Porque como hombre democrático, y como parte de un partido que siempre sostuvo como bandera la defensa de quienes fueron y son víctimas de delitos de lesa humanidad, es que no puedo menos que advertir la gravedad de lo que este fallo está planteando”, sostuvo.
Por eso, Blanco se sumó además al pedido de que el juez Calvete reconsidere el fallo “porque además se está faltando el respeto a una Legisladora, que logró con el voto del pueblo llegar al lugar que hoy ocupa, el voto popular que se logró por medio de la democracia, por lo cual es institucionalmente legítimo”.
“Más allá de las diferencias ideológicas o políticas que pueda tener con la señora Elida de Deheza, es imperiozo que toda la clase política se pronuncie al respecto, para no dejar pasar un hecho de este tipo, porque fueron muchos años de lucha los que se necesitaron para que personas que Dehesa hoy puedan, incluso declarar libremente y sin aprietes en contra de quienes violaron sus derechos. Y hoy sus derechos con este fallo se pueden ver nuevamente perjudicado. Por espero sinceramente que el Juez Calvete reconsidere este fallo”, esperó Blanco.
El condicionamiento que entiende el juez Federico Calvete se retrotrae a una condena e inhabilitación perpetua que se le impuso a Elida Dehesa en los años de la dictadura, acusada de “subversión”.
Dehesa estuvo presa siete años, entre 1977 y 1983, por militar en la Juventud Peronista y fue sometida a torturas y vejámenes que se ventilan actualmente en un juicio oral y público en la ciudad de Rosario, donde incluso la legisladora debió testificar en calidad de víctima el 30 de noviembre de 2010.
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