Tal como anticipó este diario en su edición de la víspera son incontables los inconvenientes, no sólo operativos sino incluso constitucionales que genera en la bota santafesina la medida presidencial, que casual o causalmente hizo coincidir la crucial elección parlamentaria que estaba prevista para fines de octubre con la convocatoria lanzada hace casi un mes por la administración socialista para llevar a cabo las internas, abiertas, simultáneas y obligatorias que consagrarán a los candidatos vernáculos para las elecciones municipales y comunales previstas para el 30 de agosto.

   Lo cierto es que mientras el gobernador Hermes Binner instruyó a los funcionarios de la cartera política —según deslizó ayer un encumbrado vocero a este diario— que se convoque a una ronda de consultas a los partidos políticos para evaluar el nuevo escenario electoral, los pronunciamientos de las distintas agrupaciones no se hicieron esperar.

   "No hay antecedentes de que se cambie el cronograma electoral sin diálogo con los partidos políticos y sin siquiera consultar a los distintos miembros del gabinete o a los gobernadores", sostuvo el comité La Capital del ARI.

Implicancias jurídicas. Las principales agrupaciones políticas pusieron manos a la obra el fin de semana para analizar las implicancias jurídicas y políticas del nuevo escenario provincial.

   Incluso el presidente del Tribunal Electoral, Avelino Lago, dedicó varias horas del sábado y el domingo a estudiar el impacto que la iniciativa presidencial de adelantar los comicios parlamentarios generará en el cronograma dispuesto por el decreto provincial 157, rubricado por el gobernador Binner a mediados del mes pasado.

   Cuando el informe que se encuentra elaborando la autoridad electoral de la provincia esté listo, el gobierno santafesino lo tomará como base para sentarse a considerar con todo el arco político una salida del laberinto que ha dibujado en la provincia el nuevo escenario comicial.