El gobernador debía normalizar la función del órgano de control externo del Estado. Decidió hacerlo por concurso profesional de antecedentes.
La ausencia de dos vocales en el organismo contralor del Estado provincial ha sido hasta aquí uno de los talones de Aquiles de la gestión socialista. La oposición acusó al gobernador de permitir esa situación adrede, para que el TCP no pudiera realizar su función fiscalizadora de manera óptima.
El TCP no pertenece a la órbita del Ejecutivo porque, precisamente, su misión es controlarlo en sus actos administrativos. Lo integran cinco vocales durante seis años. Tres de ellos deben ser contadores públicos y dos deben ser abogados.
Binner en su decreto establece que la designación de los dos vocales que faltan –y en lo sucesivo- se hagan por concurso. La medida contempla la creación de un consejo de selección que realice la calificación de los antecedentes, la entrevista oral de los postulantes y, en base a ello, que eleve al Ejecutivo una terna de candidatos para cada puesto.
Quienes elijan a los vocales contadores y los vocales abogados serán representantes de los consejos profesionales y de las facultades públicas de Ciencias Económicas y de Derecho, respectivamente, tanto de Rosario como de Santa Fe.
La selección de los integrantes del TCP hasta ahora no eran elegidos por concurso profesional, sino que cotizaban de acuerdo al poder de influencias y vínculos políticos que pudiera desplegar cada uno.

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