Si bien Virgilio Martínez de Sucre rescata en el escrito “la importancia que tendría obtener la industrialización de la materia prima en nuestra isla, su mayor valor agregado y la eventual formación de un polo industrial satélite a dicha actividad", plantea que “claramente se está ante una circunstancia que, si bien de tener éxito generaría beneficios extraordinarios, su fracaso podría ser tan perjudicial o ruinoso de una manera inversamente proporcional, pues se compromente a largo plazo una fracción sustancial de los ingresos provinciales".

Sobre este punto, plantea que “debería contemplarse… una cláusula de rescisión para el caso de que la firma TDFEyQ no cumpla con la inversión prometida en su debido tiempo y forma, como así también plazos y condiciones tentativos a tal fin, estipulando en la misma la pérdida parcial y total de los anticipos pagados según las circunstancias del caso".

En el mismo escrito, que comenzará a ser analizado por los legisladores provinciales antes de su aprobación, el Fiscal de Estado aclara que en el convenio firmado por la gobernadora Fabiana Ríos "si bien se habla de la inversión, ni siquiera se regulan los plazos para su cumplimiento", alertó.

Sobre lo cual considera que deberían incluirse como causal de rescisión “el agotamiento de las reservas o la indisponibilidad de la percepción en especie de las regalías hidrocarburíferas”.

De ésta manera sostiene que debería establecerse por parte del Poder Legislativo un análisis exhaustivo por cuanto "por un cuarto de siglo muchas de las políticas estatales de la Provincia quedarían condicionadas a los ingresos que de allí se generen, como así también el éxito o fracaso que se pueda producir como consecuencia de la inserción de términos y cláusulas claras y precisas o la falta de ellas respectivamente".