Il Cavaliere tomó posesión de su nuevo cargo en el Palacio de la República ante Giorgio Napolitano y luego, en una reunión con su bancada de senadores, dio rienda suelta a su bronca. Según reprodujeron ayer los medios locales, el premier habría volcado toda la culpa en un complot externo, cuyo único objetivo es dañar su imagen y la de su gobierno. La sospecha, sin embargo, no es compartida ni por sus aliados. "No creo en conjuras; creo que el gobierno debe defender firmemente la legalidad", lo cruzó ayer su compañero de coalición y presidente de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini.

Su otro socio en el gobierno, Umberto Bossi, también dejó en offside al primer ministro y sus sospechas. "Los jueces hacen su trabajo", se limitó a decir el ministro y líder de la Liga del Norte, cuando le preguntaron por la denuncia hecha por Berlusconi. Ni él ni Fini, el líder de Alianza Nacional, salieron a defender a Scajola, el ex ministro que renunció el martes, o a los otros dirigentes oficialistas que están bajo la mira de la Justicia italiana. Entre los últimos casos que explotaron están los de los senadores Denis Verdini y Giuseppe Ciarrapico, ambos miembros fieles al gobierno. Además, un ex ministro del gobierno anterior de Berlusconi, Pietro Lunardi, está acusado de haber comprado de forma irregular un palacio en la capital italiana al cardenal de Nápoles, Crescencio Sepe.

La oposición intenta aprovechar el momento. "Estamos ante un verdadero carrusel de Estado. Contratos secretos, funcionarios corruptos, dinero transferido ilegalmente al extranjero y lavado gracias al escudo de los fiscales", denunció el líder del Partido Demócrata, Pierluigi Bersani.