El diputado provincial del Frepam, Martín Berhongaray, afirmó que “la ley exige la audiencia pública” y adelantó que pedirá a la justicia que convoque esa instancia para resolver la contienda en torno a la construcción del centro cultural Medasur.

“No caben dudas de que para avanzar con la obra ‘Medasur‘ debe presentarse la evaluación de impacto ambiental requerida por la Ley nro. 1914 para todos los proyectos de obras públicas capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente”, aseveró el legislador.

“Ese pedido ya ha sido exteriorizado por muchos de los vecinos que cuestionan el lugar de emplazamiento elegido por el Gobierno, y también lo impugna la Asociación Alihuen”, recordó.

Por otro lado, mencionó que esa misma Ley Provincial (1914) prohíbe la ejecución de las acciones que no prevean la declaración de impacto ambiental, aún a costa de la nulidad de las actuaciones iniciadas y de la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron las obras.

“Nos encontramos preparando un pedido dirigido a la Justicia para que finalmente convoque a una audiencia pública, donde puedan participar todos los miembros de la comunidad que se consideren afectados por la realización de la obra de Medasur, para analizar el efecto y las consecuencias locales que puedan derivar del proyecto”, anticipó a El Diario.

“En esa oportunidad se les deberá entregar a los interesados todos los antecedentes del caso, y permitirles opinar libremente sobre el tema”, acotó.

“La celebración de la audiencia pública resulta, por otra parte, una exigencia insalvable de la Ley nro. 1914, como etapa previa a que el Estado autorice la Declaración de Impacto Ambiental”, aclaró.

Y saludó “lo oportuno que resultó la decisión de la justicia de ordenar al Gobierno Provincial y a la empresa constructora ILKA a suspender por 90 días la construcción de Medasur”.

“Mientras tanto, y a pedido de la Justicia, el Gobierno Provincial e ILKA deben acreditar la norma legal que los autoriza a cambiar una plaza o parque recreativo por un edificio, y realizar el estudio de impacto ambiental que demuestre que el medioambiente no será afectado al cambiar una plaza por ladrillos”, señaló.

“En caso de que la justicia no convoque a la audiencia pública, voy a solicitarles a los diputados que sea la propia Legislatura la que se encargue de convocarla”, añadió.

“Tengamos en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene hace tiempo señalando que en materia ambiental la Justicia debe tener un rol activo, tal como el que la propia Corte mantiene en el tema del saneamiento del Riachuelo”, concluyó.