Esta iniciativa, que tuvo su origen en el Poder Ejecutivo, busca incentivar las inversiones de capital privado en el equipamiento, ampliación o construcción de establecimientos de salud.

Entre los beneficios más destacables se encuentran la exención de impuestos provinciales, la enajenación, cesión o locación de propiedades y terrenos fiscales a precio de promoción, la gestión por parte del Estado por créditos en entidades bancarias, el otorgamiento de avales y garantías, prioridad al momento de instalar los servicios públicos y asistencia técnica por parte de los organismos del Estado.

Asimismo se otorgará crédito fiscal en un monto equivalente de hasta un 75 % de la inversión realizada que podrán ser utilizados para el pago de los Impuestos a las Actividades Económicas, a los Sellos e Inmobiliario Rural, y que podrán ser usados por los mismos inversores o cedidos a terceros.

Hospitales de Autogestión

Previamente también se aprobó un proyecto que modificó artículos de la ley 6.841, referidos a los hospitales de Autogestión.

Si bien las modificaciones referían a cuestiones formales, algunos diputados opositores aprovecharon para cuestionar la conveniencia de tener este modelo de salud pública y el desequilibrio existente entre lo que pagan las obras sociales a los sanatorios privados y a los hospitales de autogestión, siendo perjudicados estos últimos por recibir montos inferiores.

Entre lo más destacado de las modificaciones que se hicieron, se rescata la posibilidad que tendrán ahora todos los empleados del establecimiento de elegir la terna para elevar al Ejecutivo con candidatos a ocupar el puesto de director, privilegio reservado hasta ahora sólo para los médicos.

También se suprimirán los contratos privados entre el personal y las autoridades del hospital.

Tanto en este como en el anterior proyecto, cinco diputados votaron en contra de su aprobación, Claudio Del Pla, Carlos Morello, Virginia Dieguez, Virginia Cornejo y Román Villanueva.