La cuenta regresiva corre. Otra vez. Mañana vence el plazo para que el gobierno bonaerense le presente a la Suprema Corte de Justicia la documentación que confirme dónde se instalará la nueva planta de residuos (luego de las idas y venidas será en Ensenada) y el programa para el cierre definitivo del actual predio de la Ceamse en Punta Lara. A partir de allí, la Provincia tendrá

ocho meses para poner en funcionamiento el nuevo relleno y clausurar el viejo basrual.

A simple vista parece una noticia para celebrar, pero esto no implica que borre todo lo malo que se hizo durante años. La gestión de Felipe Solá, en materia ambiental, no hizo nada por torcer esta situación y la actual de Daniel Scioli se tomó casi hasta el final de su mandato para iniciar el plan. En todos esos años, las consecuencias para todos los habitantes de Punta Lara y la región fueron devastadoras.

Distintas ONG y vecinos comenzaron hace siete años su lucha para que la basura de la región Capital (La Plata, Brandsen, Punta Indio, Berisso y Ensenada) reciba un tratamiento adecuado al siglo XXI. Solá era gobernador e inició un camino de mentiras y falsas promesas que la actual gestión mantuvo. La Provincia y la Corte firmaron un convenio en el que se establecía una fecha de cierre del basural de Punta Lara. Esos plazos se vencieron y se prorrogaron. Esos también se vecineron y volvieron a extenderse. La historia volvió a repetirse; y le dieron al gobierno bonaerense algo más de tiempo… Con esos antecedentes, es entendible que los vecinos de la zona sean escépticos.

Ante la falta de voluntad política, los fallos del máximo tribinal de Justicia en la Provincia comenzaron a ser cada vez más contundentes. Uno de los últimos se difundió en diciembre de 2010. Ese fue el que le dio a la Provincia noventa días corridos para presentar el destino del nuevo relleno sanitario y dejó en claro que no había motivos para crear un nuevo módulo en el predio de Punta Lara con el fin de extender su vida útil, tal como pretendía la Ceamse.

Amparándose en el reclamo de los trabajadores de la Ceamse, que veían peligrar su puesto de trabajo, el gobierno provincial apeló ese fallo, pero en febrero último la resolución de la Corte quedó firme, por lo que los noventa días comenzaron a correr, según confirmaron desde las organizaciones ambientalistas, y mañana se vence el plazo.

“A partir de la presentación del gobierno, nos quedan ocho meses para seguir controlando que se respete la ley y desterrar de una vez por todas la impunidad con la que siguen manejando algunos sectores la gestión de los residuos”, afirmaron desde la ONG Nuevo Ambiente.

Daños severos

Los camiones llegan y vuelcan las 900 toneladas de basura donde pueden. Esa misma rutina se repite día a día, mes a mes, año tras año. Lógicamene, la falta de cualquier tipo de previsión hace que los daños ambientales que se generan sean de graves proporciones.

La gente del barrio donde se encuentra el basural padeció enfermedades, invasiones de moscas y otros insectos, olores nauseabundos... Pero lo más grave es que los líquidos lixiviados se convirtieron en una amenaza para las napas subterráneas que desmbocan en acuíferos como el Puelche y Pampeano, que son dos de los reservorios de agua dulce más importantes de la región.

“Si en ocho meses no está cerrado el predio, la Corte establece multas para el propio gobernador de 5 mil pesos diarios. Creemos en las intenciones, pero…”, dijo a Hoy Marcelo Martínez, referente de la ONG No más Ceamse.

Concejo: tras fuertes cruces, aprueban cesión de convenio para la construcción de la planta

La discusión por la instalación de la planta de tratamiento de residuos urbanos en Ensenada se trasladó al Concejo Deliberante de La Plata, debido a que el cuerpo legislativo debía realizar la “cesión” del convenio que meses atrás había aprobado para que dicho establecimiento se construyera en la ciudad. Y, como era de prever, hubo polémica.

El bloque oficialista logró la aprobación de la ratificación del convenio firmado en su momento, con los agregados correspondientes, por los que el Municipio platense traslada las responsabilidades al Ejecutivo ensenadense. “A través de todo este proceso, se llega a consensuar el lugar de emplazamiento de la planta. Hacemos la sesión de contrato a la Municipalidad de Ensenada”, señaló en el recinto la presidenta del bloque del Frente Renovador Platense, Valeria Amendolara.

Desde la oposición salieron al cruce de la iniciativa oficial y alegaron que dicho traspaso se daba en un marco de ilegalidad. “La figura jurídica del consorcio de gestión era la que podía decidir, no la provincia de Buenos Aires”, advirtió la concejala de la Coalición Cívica María Laura García Urcola. “Esto es una precariedad jurídica”, agregó el edil denarvaísta Ramón Arteaga.

Por otra parte, el debate se centró sobre el proceso general y la modificación acordada por las distintas comunas del Gran La Plata y el gobierno provincial. “Lo único que tenemos hasta ahora es un cuento del intendente Bruera que engañó a toda la región”, afirmó el legislador del FpV Nacional y Popular, Sebastián Tangorra, lo que impulsó la respuesta de la concejal oficialista, Lorena Riesgo, quien aseguró que “esta gestión quedará en la historia por haber resuelto el problema de la basura, y por haber posibilitado el cierre del Ceamse”.

Reapareció la borocotización

Una vez más, y como había advertido este medio, la oposición volvió a dividirse a la hora de votar. En esta ocasión, los “opositores díscolos” volvieron a plegarse al oficialismo municipal en temas trascendentales. Guillermo Duva, de la UCR, y Jacinta Tritten, del Peronismo Federal, repitieron una práctica habitual en la que sin hacer mención de sus posiciones levantan la mano ante las distintas iniciativas oficiales. También llamó la atención que el edil del PRO Julio Irurueta aceptara el tratamiento sobre tablas propuesto por el FRP. La votación final terminó con catorce votos a favor y diez en contra.