La conmocionante muerte a golpes de la pequeña Luciana Rodríguez sacó a la luz las fallas en el sistema y ahora el Gobierno debe apurarse para reparar y corregir todos los huecos existentes para fortalecer la política de la niñez. Es por eso que como lo había anunciado el ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassin, se estipuló un plazo de 90 días para trabajar en la creación del plan provincial de la niñez.

Es por eso que el ministro mantuvo esta tarde una reunión con los legisladores. Del encuentro participaron los funcionarios del Ministerio, entre ellos la directora de la DINAF, Patricia Spoliansky. Según dijo Bassin se trata de una instancia de “diálogo” a través de la cual se busca articular iniciativas para fortalecer la política de la niñez.

Entre los cambios que pretenden introducir con el plan provincial se fortalecerán los procedimientos, los recursos económicos y humanos y especialmente se buscará agilizar los procedimientos y formas de abordaje. “Reconocemos que falló el sistema”, reiteró el ministro de Desarrollo Social.

Tras la reunión el diputado demócrata Aldo Vinci, se refirió al caso de la pequeña asesinada y consideró que la falla principal fue desde el punto de vista humano. “A mi criterio personal hubo desidia de algún funcionario o no se tomaron las precauciones necesarias para que esta muerte se evitara”, indicó.

En cambio los radicales manifestaron su indignación a través de un comunicado donde indicaron que la muerte de Luciana obedeció “a la pésima actuación que tuvieron los funcionarios que intervinieron en el largo y convulsionado proceso de la menor y no en mérito a la legislación aplicable”.

La UCR se molestó porque los funcionarios no realizaron declaraciones concretas sobre el caso de Luciana, ya que argumentaron respetar el secreto de sumario.

“La imperiosa necesidad que el gobernador Pérez y sus funcionarios asuman la responsabilidad política que les cabe en el triste final de pequeña, quien en su inocencia y fragilidad vio como sus derechos se apagaron con la reprochable ausencia del Poder Ejecutivo”. Y agregaron: “Decir que los funcionarios no pueden declarar sobre los hechos que legítima y constitucionalmente les solicitamos como legisladores es, sencillamente, querer seguir evadiendo la responsabilidad política correspondiente”.

El próximo miércoles los legisladores participarán de una reunión en la Casa de Gobierno para avanzar en un nuevo protocolo.