Tras las primeras evaluaciones, el Fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, remitió tres expedientes a los abogados del Programa de Viviendas, quienes realizarán el dictamen que determinará la desadjudicación o no de esas tres casas sin habitantes. La información fue confirmada ayer por el propio fiscal, quien prevé largas horas de estudio sobre los próximos sumarios. El rol de Fiscalía de Estado no será determinar si las casas des-habitadas continúan en poder de sus dueños o no. Su tarea es controlar la legalidad de los procedimientos que desarrolló el Pro-grama de Viviendas. El dictamen sobre esa construcción vacía será responsabilidad de los abogados de esa área. De los seis expedientes que ingresaron anteayer al órgano de control, tres carpetas no contaban con ningún tipo de descargo por parte de sus propietarios. A pesar de las intimaciones del Ministerio del Progreso, ningún miembro de esas familias adjudicatarias se acercó a las oficinas de Terrazas del Portezuelo ni envió una carta para explicar por qué, a cinco meses de tener las llaves en su poder, todavía no viven en el barrio. Luego de revisar la documentación, Allende dio vista a esos tres documentos que ahora esperan por el fallo final en los escritorios del área legales del ministerio que conduce Natalia Zabala Chacur.

"Nuestro rol es controlar la legalidad del procedimiento del Programa de Viviendas, revisamos que se haya respetado el derecho de defensa del adjudicatario y si fue debidamente notificado. En los primeros tres casos analizados, cada paso previo se cumplió y tienen nuestra conformidad. Ahora los abogados del ministerio serán quienes dicten sentencia", explicó Allende en diálogo con El Diario de la República. En las tres actuaciones restantes los adjudicatarios hicieron sus descargos en tiempo y forma, lo cuál implicará un mayor tiempo de análisis para el Fiscal de Estado. El barrio productivo está compuesto por 212 Viviendas que poseen la casa en la parte delantera del terreno y un salón para instalar un negocio en el fondo. Las residencias fueron entregadas el 23 de diciembre de 2010 y la clave para acceder a ellas fue presentar, ante el Ministerio del Progreso, un proyecto productivo sustentable en el tiempo. Cada dueño debía habitar la casa inmediatamente y abrir el negocio en un plazo no mayor a los tres meses. Sólo 67 cumplieron ambos puntos. El resto padece el proceso de desadjudicación.