El grupo de 53 casas que terminó de entregar el gobernador Juan Manuel Urtubey el pasado viernes, en la zona norte de la capital, se construyó con fondos nacionales en tierras de la Provincia. Por eso, lo menos que podrían esperar las miles de familias salteñas que sueñan con una vivienda social, sin suerte desde hace una, dos o tres décadas, son sorteos públicos. La premisa de claridad y justicia no se cumplió en 2013 en Lomas de Medeiros, ni ahora en el barrio Posta de Yatasto, Ex-Velódromo.

Allí, Sergio Gustavo Castro, quien fue concejal hasta diciembre último, recibió el pasado viernes una de las viviendas. El mismo Gobierno publicitó esa entrega en su sitio oficial con una llamativa foto. La imagen muestra abrazados al gobernador Juan Manuel Urtubey y al exconcejal de Memoria y Movilización Social, junto a una mujer y dos niñas.

Entre sorprendido e indignado, el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), Gustavo Farqhuarson, sostuvo ante el semanario Cuarto Poder: “Si la pornografía es la proyección de escenas de sexo explícito, en este gobierno la corrupción es pornográfica, porque sin ningún tipo de complejos se muestran escenas cotidianas que dejan claras sospechas de que los beneficiaros de políticas que deberían ser para todos, terminan siendo para los amigos del poder”. Farqhuarson también remarcó que, a diferencia de lo que ocurrió con Lomas de Medeiros, “las fotos que confirman las sospechas ni siquiera son objeto de alguna investigación periodística, porque fueron publicadas en la propia web del gobierno”.

Tras esas declaraciones, El Tribuno comenzó a buscar constancias relacionadas con la operatoria para confirmar, ante todo, si el exconcejal Castro recibió una de esas 53 viviendas enmarcadas en un convenio de la Provincia con el Instituto de Vivienda de los Trabajadores (IVT).

La adjudicación fue confirmada en el IPV, donde Sergio Castro figura inscripto desde julio de 1996. El exconcejal del interbloque que conformaron tras las elecciones de 2011 el Frente Plural y Memoria y Movilización Social figura con esposa, tres hijos, y su ficha actualizada.

Este diario también constató que en la adjudicación resuelta a favor de Castro, el IPV certificó que, a ese momento, el exedil no tenía vivienda a su nombre y reunía todos los demás requisitos legales.

Los chequeos periodísticos, no obstante, pusieron en evidencia que el exconcejal, al igual que otros adjudicatarios del barrio Posta de Yatasto, no fueron a un sorteo público que haya convocado y supervisado el IPV, sino que esas viviendas se entregaron a través de entidades intermedias (gremios, colegios profesionales) que propusieron a los adjudicatarios. O sea que el IPV sólo se encargó de verificar que los postulantes cumplían requisitos legales.

Hasta el cierre de esta edición, el IPV y la dirigencia local de la UOCRA seguían en deuda con la lista de adjudicatarios. No habían sabido precisar tampoco que gremio o colegio profesional postuló a Castro a una de esas viviendas que, por su carácter de públicas, no deberían prestarse a secretos ni discrecionalidades.

A un año del escándalo de Lomas de Medeiros

La política habitacional de la Provincia estuvo en el centro de la polémica hace un año, cuando se supo que el Gobierno había entregado viviendas sociales en el barrio Lomas de Medeiros a gente que ya tenía otras propiedades. Entre los beneficiados, había funcionarios y allegados al Grand Bourg.

A fines de marzo de 2013 se hizo público el listado de los 67 beneficiarios de Lomas de Medeiros, ubicado camino a San Lorenzo, en el oeste de la capital. Uno de los adjudicatarios era Pablo Robbío Saravia, secretario legal y técnico de la Provincia, quien ya tenía otro inmueble.

También figuraban entre los favorecidos Sebastián Ortiz de Rozas, coordinador financiero del Ministerio de Economía, y Federico Rovaletti Lagos, secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad.

Los cuestionamientos sociales obligaron al gobernador Urtubey a revocar 39 adjudicaciones. Esas viviendas volvieron a sortearse entre aspirantes con ingresos de más de $15.000 y con posibilidad de hacer una entrega inicial de $75.000.

A solo cinco meses de que el IPV entregara las casas construidas en terrenos públicos y con fondos estatales, muchas ya habían sido remodeladas con ampliaciones, segundos y terceros pisos, y fachadas nuevas.