El director de Derechos Humanos del municipio y representante legal de la concejal Alejandra Urdampilleta, José Luis Zerillo, manifestó que la denuncia de la edil Baragiola pretende que no se hable de su papel en el video en que pide una colaboración a cambio de tratar un expediente, señala una gacetilla de prensa.

“El  desconocimiento del sistema legal que rige en nuestro país -pretendiendo se sancionen conductas amparadas por el sistema constitucional de derechos- lleva al sinsentido de considerarse con derecho a interponer una acción judicial con el fin de procurar el silencio y la autocensura de quienes pretenden hacer saber su opinión en el libre disenso propio del sistema democrático”, dijo.

“La carencia de fundamentos jurídicos llegan al dislate de pretender amedrentar al abogado patrocinante de la concejal Alejandra Urdampilleta, inventando una supuesta contradicción entre el ejercicio de la profesión y el rol de funcionario público, situación que por supuesto no amparan en ninguna norma legal desde que la misma carece absolutamente de fundamentos” indicaron fuentes cercanas a la edil.

“Mi cargo como Director de Derechos Humanos Municipal de ninguna forma bloquea el libre ejercicio de mi profesión como abogado, y ello como norma elemental del código de ética pública debería ser conocido por todos” explicó.

“Vilma Baragiola y su cuerpo de abogados (ya que precisa más de uno), no solo pretenden impedir que se hable del famoso video en camioneros, sino que procuran intentar que quien es injusta e inconstitucionalmente acusada no pueda tener tampoco derecho a la defensa”, aseguró.

Tras afirmar que “casi no les queda ya garantía constitucional por vulnerar”, Zerillo indicó que “en lo personal, he adoptado esta profesión para trabajar en la obtención de justicia y no como mero operador judicial. Desde ese lugar de compromiso, pretendo abrazar las causas que tienden a defender el ejercicio de los derechos y la vigencia de la constitución”.

“Lamentablemente, por su conducta temeraria, deberá Vilma Baragiola responder con su patrimonio las costas que nuestra labor generen por tal improcedente reclamo, las que desde ya donaremos felizmente a organizaciones no gubernamentales que luchen incansablemente por la vigencia del sistema constitucional que aquí se pretende vulnerar”, concluyó.