El juez Santiago Ulpiano Martínez recibió a última hora de ayer, y ya analiza, las declaraciones testimoniales de los trabajadores de la sucursal Universitario del Banco Provincia tomadas la semana pasada en la delegación local de la Policía Federal y, al mismo tiempo, evalúa la adopción de nuevas medidas procesales por supuesto lavado de dinero en el marco de una de las causas que se le sigue a Juan Ignacio Suris.

“Se van a seleccionar los testigos que tengan mayor relevancia para ser convocados a la sede judicial, posiblemente la semana que viene, a fin de ratificar y ampliar los dichos”, comentó un vocero judicial.

Con respecto a la evolución de la causa, trascendió que el magistrado analiza firmemente la posibilidad de tomar alguna otra medida. Hay que tener en cuenta que en la causa de las facturas truchas se nombra a más de una financiera local.

Por otra parte, Martínez está a la espera de sendos informes por parte de la AFIP y de la división Lavado de Activos de la policía bonaerense, organismos que tomaron parte del allanamiento realizado en la sede bancaria de la avenida Alem 979.

Tanto los sabuesos de la administración federal como los uniformados provinciales están relevando la documentación secuestrada.

Se investiga la posibilidad de que el Banco Provincia no haya ejecutado los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en torno a distintas operatorias concretadas por Suris, entre 2009 y 2012, en esa institución.

Cuando un cliente bancario intenta una operación que puede resultar llamativa (por ejemplo depósitos millonarios en efectivo), el banco debe pedirle que justifique los fondos y, si no lo hace, se debe enviar un ROS a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Esto, en el caso de Suris, no se hizo, pese a que el propio acusado confesó haber simulado depósitos millonarios en dicha sucursal, para luego retirarlos de manera casi inmediata y devolverle el dinero (previa quita de la comisión) a las empresas a las que fingía prestarle algún servicio a través de alguna de sus firmas fantasmas.

Sumario administrativo.

De manera paralela al expediente penal se tramita un sumario administrativo en el Bapro, que está más avanzado, al punto que ya se dispuso la disponibilidad preventiva de Daniel Calderón, gerente regional del Banco Provincia, y la suspensión de Jorge Navarro, tesorero de la sucursal Universitario.

Tanto el gerente como el subgerente de la sucursal de la avenida Alem 979 están actualmente jubilados y no serían pasibles de sanciones administrativas, aunque sí podrían serlo desde el punto de vista penal.