La secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, detalló que el predio que funcionó como centro clandestino de detención durante los años de plomo está involucrado en una causa, motivo por el que no se pueden hacer refacciones. “Hoy el edificio está vacío y se usa como prueba para los procesos judiciales contra los represores de la dictadura”, explicó, aunque aclaró que la decisión sobre su destino está tomada: será un centro de la Memoria.

El Pozo de Banfield, que funcionó como centro clandestino durante la más sangrienta dictadura militar que sufrió la Argentina, será convertido en un espacio para la Memoria. El anuncio se concretará el jueves, durante una ceremonia que contará con la presencia de la presidenta Cristina Fernández, el gobernador Daniel Scioli y el intendente Martín Insaurralde. De todos modos, no se definió la fecha en que se concretará la iniciativa ya que el predio es utilizado como prueba en una causa por delitos de lesa humanidad, motivo por el que no puede ser refaccionado.

El centro, que fue cedido a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires para su conservación, fue epicentro de la trágica ‘Noche de los lápices’ en 1976. Es por eso que el anuncio de la recuperación se hará simbólicamente el 16, cuando se cumple un nuevo aniversario de la fatídica noche.

Sara Derotier de Cobacho, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, adelantó a Info Región que el jueves “se hará un acto conjunto entre Nación y Provincia junto al gobierno municipal, del que también formarán parte Madres de Plaza de Mayo y la agrupación Hijos”. Además, se proyectará un video institucional realizado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el cual se pueden apreciar testimonios de Osvaldo Papaleo, uno de los protagonistas en el conflicto por la apropiación de Papel Prensa por parte de La Nación, Clarín y La Razón.

Vale aclarar que si bien se hará un anuncio formal, el edificio donde funcionó El Pozo no puede ser refaccionado ya que está involucrado en una causa por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y pesa sobre él una “medida probatoria que dice que hasta que no termine el juicio, seguirá bajo la Secretaría, la supervisión de Scioli y el juez que entiende en la causa, Arnaldo Corazza”. “Hoy, el edificio está vacío y se usa como prueba para los procesos judiciales contra los represores de la dictadura”, apuntó.

Derotier de Cobacho destacó, en ese sentido, los juicios que se iniciaron en 2003 y aclaró que primero “hay que juzgar los culpables y luego, tomar las decisiones”, en alusión a que el sitio permanecerá intacto por un tiempo más. “Cuando termine el juicio oral se van a tomar las medidas necesarias para la cesión efectiva del Pozo y luego será transformará un centro de la Memoria”, completó.

“Con la creación de estos Centros de Memoria buscamos justicia y, por sobre todo, crear consciencia colectiva”.

Sobre la importancia de la recuperación, la funcionaria exhortó a “recordar lo que pasó en el Pozo” y a evitar la indiferencia que “algunos” demuestran. “Yo estuve en un centro clandestino y sé lo que padeció la gente que estuvo detenida”. “Queremos que esto no vuelva a suceder”, sentenció.

El centro, que funcionó durante la última dictadura militar, fue uno de los más importantes de Buenos Aires. El edificio, ubicado en la esquina de las calles Siciliano y Vernet, pertenecía a la Brigada de Investigaciones de Banfield y dependió del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 del Ejército Argentino.

Una de las características distintivas del Pozo de Banfield fue el gran número de embarazadas vistas allí, como así también la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Embarazadas detenidas en otros establecimientos policiales o militares, eran trasladadas a ese centro clandestino de detención cuando se encontraban a punto de dar a luz.

Las condiciones de detención y el trato hacía ellas no difería en gran medida de las del resto de los detenidos desaparecidos, eran sometidas a golpes, torturas físicas y psicológicas. Durante el período de gestación eran controladas por sus propios compañeros de detención y por el médico policial Jorge Antonio Bergés, quien como único médico policial dependiente de la Dirección General de Investigaciones circulaba por los diversos Centros Clandestinos ocupándose de la atención médica de los detenidos salvajemente heridos en las torturas y en los operativos de secuestro, como de las revisaciones periódicas de las mujeres embarazadas y la asistencia de sus partos.

Cuando el alumbramiento era inminente, las embarazadas eran conducidas a una sala ubicada en el primer piso que funcionaba como enfermería. Allí, esposadas a una camilla y sin las más mínimas condiciones de asepsia, las mujeres daban a luz entre los insultos de Bergés y el personal de guardia. Inmediatamente después del nacimiento, las parturientas eran obligadas a limpiar la enfermería. Instantes después les arrancaban los hijos de sus brazos con diferentes mentiras y ellas regresaban a la celda sin ellos. En ocasiones, y como parte de la práctica perversa que llevaban a cabo, algunas madres se les hacían llenar papeles o planillas con sus datos personales y de su familia, o firmar supuestos permisos para bautizar a sus hijos.

Este centro clandestino de detención también era utilizado como "hospital" para la atención de los heridos provenientes de otros centros. Era también Bergés el encargado de la atención médica de los mismos.