La expositora empezó por advertir que el Día Internacional de las Mujeres es un día de lucha, no de celebración “porque aún en el siglo XXI tenemos que hablar de esclavitud, de esclavitud de mujeres y niños/as”.

“La trata de personas –explicó- constituye una nueva forma de esclavitud y de explotación de personas, que ha sido favorecida por el capitalismo globalizado y que disputa lugares en el crimen organizado. Es la segunda actividad ilícita más rentable, junto con el tráfico de armas y el narcotráfico”.

Este delito “se viene complejizando cada vez más y el Estado en todos sus niveles, no alcanza a dar respuestas adecuadas a la necesidad de persecución del delito, ni a la prevención ni a la atención de las víctimas a través de políticas articuladas para evitar nuevos casos y no permitir la impunidad. Por un lado –agregó- la sociedad comprende la importancia y el peligro en el que están las mujeres jóvenes aumentando los niveles de alarma, y por otro, el Estado absuelve a los responsables de la desaparición de Marita Verón asegurando la impunidad de las redes de trata. Este hecho termina obligando a legisladores a aprobar la reforma de la Ley 26364 que venía pidiendo el movimiento de mujeres y las organizaciones que luchan contra la trata y que había perdido estado parlamentario”.

“Las políticas públicas son débiles y la corrupción que existe en algunos elementos de las fuerzas de seguridad, de la política y del poder judicial, siguen permitiendo que estos hechos ocurran”, subrayó.

Luego indicó que durante el año 2012 y estos primeros meses, “se han conocido casos de desaparición de mujeres jóvenes, en algunos casos durante meses. Estos hechos no son causales, y si aparecieron ha sido por el nivel de alarma que ha desarrollado la comunidad. Nos preocupa especialmente la persistencia de la idea que subyace en la figura de la ‘fuga de hogar’ cuando las personas prometen no compartir más fotos en las redes sociales porque las chicas ‘se van de joda’, por ejemplo. Creemos firmemente –remarcó- que estas afirmaciones son muy graves, especialmente cuando se insinúan estas ideas desde funcionarios públicos, o se solicitan pericias psicológicas a las víctimas, ya que refuerza la idea estereotipada de que la palabra de las mujeres no es valiosa o creíble, y de esta manera se vuelve a violentar a la víctima”.

Tomando los resultados de un informe de la entidad, Álvarez Carrera señaló que existen dos elevaciones a juicio por la Ley de trata, pero aun no comenzó ninguno y no hay condenas en Jujuy.

Sostuvo también que existe un programa de atención a víctimas de trata de personas en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que atiende sólo a menores de edad y que tiene presupuesto insuficiente y falta de recurso humano.

Además mencionó la ausencia de campañas de sensibilización desde el Estado. Una campaña de sensibilización durante la Fiesta de los Estudiantes con participación de la Secretaría de Derechos Humanos, División Trata de Personas y Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, fue convocada por la ONG, explicó.

Asimismo reveló que existe un sistemático incumplimiento del decreto presidencial que prohíbe la difusión de avisos de publicidad y ofrecimiento de sexo en los clasificados y la difusión de imágenes que promueven la imagen estereotipada de las mujeres como objetos sexuales en medios de comunicación locales (Violencia simbólica y mediática Ley 26485).

Refirió también la persistencia en ordenanzas municipales y leyes impositivas de figuras que permiten habilitar clubes nocturnos, cabarets, streeptease, con personal “de alterne”, donde es posible la existencia de prostitución y explotación sexual.

Por otro lado destacó que el diagnostico Mercosur muestra que el 90-95% de las victimas rescatadas de trata de personas son mujeres entre 15 y 35 años. Argentina es un país de origen, tránsito y destino. El crecimiento de la economía, ha hecho crecer la prostitución en zonas petroleras y especial atención merecen los lugares de explotación minera como San Juan.

También indicó que aumenta la cantidad de víctimas extranjeras, Colombia, República Dominicana, Paraguay y Brasil; eventualmente las víctimas pueden seguir la ruta hacia Chile, Europa y Sudáfrica.

Las políticas de protección a mujeres víctimas de violencia –estimó- siguen siendo insuficiente: faltan ayudas económicas, de capacitación, bolsas de trabajo, refugios para situaciones extremas, patrocinio gratuito, eficacia y celeridad de medidas de protección.

Además, agregó, aumentan los casos de violación, y de desaparición de mujeres jóvenes. “Es necesario entender que cuando una persona se pierde o desaparece nuestra obligación es buscarla. Cuando la encontramos, lo que le pasó es otra historia”, subrayó Álvarez Carreras.

En cuanto a lo que se debe hacer, mencionó en primer lugar combatir la cultura de la prostitución, visibilizar y evidenciar la responsabilidad de los clientes/prostituyentes. “En nuestra provincia –describió- está absolutamente vigente el rito del debut sexual. Los clientes son en general varones de diferentes edades, de todas las clases sociales y orígenes culturales. Son los invisibles y disculpados de toda esta problemática. Pero son los que construyen la demanda y las características de la oferta. La prostitución no es un trabajo, no es compatible con la dignidad de las mujeres. La entendemos como una de las violencias más antiguas contra las mujeres. La prostitución es el pilar más saludable del patriarcado”, aseguró.

Mencionó también como necesidad mejorar las acciones de cooperación incorporando la capacitación de agentes municipales que realizan los controles, eliminando prácticas que no permiten un control eficaz.

Agregó a ello las acciones concretas que “revisen de manera seria y se eliminen las normativas de diferentes niveles del estado que habilitan locales donde pueden existir victimas de trata y explotación sexual”.

Pidió además la participación activa en campañas de sensibilización y prevención, la derogación del Código de Faltas porque “viola los derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución” y señaló que es necesaria la aplicación de la Ordenanza Municipal 5632/09 “Día de lucha contra la trata de personas y explotación sexual”, ya que brinda el marco necesario para modificar las normativas que permiten la habilitación de locales donde se ejerce la prostitución y permite también que el municipio realice campañas de difusión y sensibilización.