‘Queríamos comentarles que si hiciéramos un balance del año 2012, para nosotros ha sido plenamente positivo. Desde que existe la fundación todos los balances de lo realizado son cosas positivas y siempre han sido en favor de los mejores intereses de La Pampa en materia hídrica o ambiental. En ese sentido quiero decirles que la fundación es de todos y el accionar es plenamente colectivo‘, expresó Héctor Gómez, presidente de la FuChad, y señaló que todos los que trabajan en la Fundación lo hacen de igual manera, sin jerarquías y con un sistema de elaboración muy democrático donde todos pueden participar.

Gómez dijo que sobre fin de año entregaron una nueva nota al gobernador Oscar Mario Jorge -una más de las que ya le hicieron llegar durante el año- solicitando una audiencia para hablar sobre diversas problemáticas que consideran importantes. ‘En principio la entrevista que pedimos el 1º de diciembre era para entregarle en mano una copia de la sentencia del TLA que de por sí creemos que es un documento que el Gobernador tendría que analizar, porque es un elemento importante para un futuro accionar que tenga con respecto al río Atuel. Otro punto es que queremos hacerle conocer que nosotros creemos que se debe concertar en la provincia de La Pampa una discusión para elaborar una política hídrica, una política de Estado hídrica, fruto de un debate no solamente de la gente de la fundación, sino con todo el arco político y social‘, manifestó.

En ese sentido dijo que es importante que la provincia tenga una política hídrica porque ha sido agraviada ‘como ninguna otra provincia en el país‘ en el tema hídrico. ‘Nos han robado un río y nos están robando otro y estamos desaprovechando el único río real que tenemos que es el río Colorado. Entonces evidentemente si estas cosas suceden, si nos han robado un río, nos están robando otro y la provincia no ejerce ninguna manifestación al respecto y si respecto al tercer río que es el más importante de todos, no hay una política definida de aprovechamiento y crecimiento, es evidente que ello es fruto por un lado de un cierto desinterés, una cierta desidia, y fundamentalmente el resumen es la falta de la discusión de una política hídrica‘, aseguró.

Gómez dijo que esta actitud contrasta con la de las provincias que se están quedando con los ríos pampeanos, ya que Mendoza y San Juan tienen elaborada una política hídrica y recursos hídricos propios o ajenos para desarrollar un importante sector productivo que es vital para sus economías. ‘Entonces de alguna manera estamos en un estado de indefensión. El no tener una política hídrica y encima estar aguas abajo determina una minusvalía muy severa para los intereses de la provincia de La Pampa‘, expresó.

Los miembros de la FuChad consideraron que el tratamiento de una política hídrica en La Pampa es algo fundamental para el desarrollo futuro de la provincia y dijeron que la más importante de las posibilidades que tiene, no sólo es recuperar caudales en el Atuel para generar un aprovechamiento productivo en las cercanías de Santa Isabel, sino poner en producción las posibilidades enormes que existen en el río Colorado. ‘Esta es una cosa que excede a los partidos políticos. Tiene que ser de todos los pampeanos, tiene que ser del futuro de la provincia de La Pampa‘, aseguró Gómez.

Reglamentación de la Ley 25688

Los representantes de la Fundación Chadileuvú señalaron además que una de las primeras cosas que debiera hacer el Gobierno provincial además de debatir el tema de la política hídrica, sería exigir al Gobierno Nacional la reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos 25688, una de las claves para poder constituir los comités de cuencas.

‘En este caso con referimos al comité de cuencas del río Atuel y al comité de cuencas del río Desaguadero, Salado, Chadileuvú. Si tuviéramos los comités funcionando estaríamos en otro nivel de discusión, en las posibilidades de defender nuestros derechos sobre esos ríos‘, comentó Gómez.

En ese sentido el presidente de la FuChad dijo que la ley fue aprobada hace más de diez años y consideraron que la provincia de La Pampa debería haber luchado incansablemente por conseguir esta reglamentación y la constitución de los comités de cuenca, lo cual no ha sucedido.

‘Creemos que en la defensa del Atuel tenemos que utilizar todas las armas disponibles. Se puede seguir negociando, pero no debemos dejar de realizar las acciones legales correspondientes por parte de la provincia ante el máximo tribunal para hacer valer derechos que han sido desconocidos, para hacer valer algunos aspectos del fallo de la Suprema Corte de Justicia que han sido desconocidos por parte de la provincia de Mendoza. Creemos que hay elementos suficientes como para iniciar un juicio, y algunos de ellos han sido señalados por el TLA y creemos también que la mejor defensa que podemos hacer los pampeanos de nuestros derechos es volver a insistir tanto en la negociación como en los aspectos de iniciar un juicio para defender nuestros intereses‘, finalizó Gómez.

Presentación ante la Corte Interamericana de DDHH

Finalmente los miembros de la FuChad se refirieron a la presentación que llevarán a cabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el próximo paso en su lucha por recuperar los derechos de los pampeanos.

‘Cuando nos presentamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la representación del doctor Andrés Gil Domínguez, la corte rechazó la presentación porque consideraba que ya había intervenido y que en lo demás, como lo decía el fallo anterior, tenía que haber un acuerdo amistoso entre las dos provincias, posibilidad que a esta altura de los acontecimientos es irreal‘ consideró Alberto Golberg, secretario de la FuChad.

En ese marco comentó que el próximo paso a seguir es la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y explicó que ese paso va a tener aún más peso que el del Tribunal Latinoamericano del Agua porque sus fallos son vinculantes de acuerdo a lo establecido en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Por su parte el diputado provincial Martín Berhongaray dijo que como Argentina es un estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1956, el país está sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ‘El fallo dictado por el TLA desnudó una serie de incumplimientos pero también la violación al derecho humano al agua, es decir, a un derecho que está estipulado y consagrado por la Declaración Americana de los Derechos Humanos, con lo cual existe competencia en razón de la materia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La intención es llevar el caso ante la comisión formulando una denuncia planteando las violaciones, demostrando que se han agotado los recursos de jurisdicción interna para conseguir una decisión favorable, y pidiendo una decisión vinculante que permita revertir el daño y establecer en adelante un escurrimiento permanente. En definitiva garantizar los derechos humanos de las poblaciones afectadas‘, concluyó.