Dicho convenio, viciado de nulidad por no cumplir con requisitos esenciales de LOM, les costará a los usuarios del transporte público de Mar del Plata alrededor de $ 40.000.000, inversión cuya amortización debe ser trasladada al precio de la tarifa plana local.

Sin embargo, la implementación que se está llevando a cabo del sistema SUBE en la ciudad, sin contar con un respaldo jurídico sólido, por cuanto está sustentado en un convenio viciado de nulidad no ha aportado ni beneficios ni comodidad en los servicios ni rebaja en la tarifa plana del transporte público de pasajeros.

Por otra parte y esto es sumamente grave, el proceso lleva implícito la transferencia al orden nacional de competencias en materia de regulación de transporte público municipal perfectamente explicitadas en leyes provinciales y en la Ley Orgánica municipal.

Cómo se sabe la implementación del SUBE nació a través del Ministerio de Planificación de Julio De Vido, quien derivó su administración al Banco Nación Fideicomiso, cuyo titular es CPN José Ángel de Dios, a la sazón familiar del ex ministro De Vido. Ya despiertan sospechas los personajes y los vínculos.

Pero yendo al plano concreto, ¿cuál ha sido el beneficio del SUBE en Mar del Plata? Es un sistema que no ha significado un salto de calidad ni garantizado por lo menos más puestos de carga. Es más, quienes poseen sólo la tarjeta SUBE están obligados también a utilizar la tarjeta magnética, cuya actualización por un boleto de aproximación fue desalentado por el arreglo político en Randazzo y Pulti.

Los poseedores de SUBE son sorprendidos sucesivamente por las caídas del sistema, escasos puestos de recarga y dificultades para ceder el uso a un tercero que no tiene cómo viajar, ocurre fundamentalmente los fines de semana. Lo que fue una imposición, de pronto halló un auspiciante en el HCD, lo cual llama la atención, dado los términos del proyecto de ordenanza, que suena como un traje a medida para más de lo mismo.

El proyecto de Ordenanza, que impulsa el concejal Gutiérrez plantea una serie de interrogantes, que estimamos se hace necesario investigar:

1- En los considerandos del proyecto no se analizan ni se realiza una evaluación de los antecedentes del sistema prepago a partir de la sanción de la ordenanza 9664 y de 16 años de operación de un sistema prepago que no presentó problemas ¿Qué intereses motivaron al autor de proyecto ignorar aspectos tan relevantes?

2 – El proyecto desarrolla de manera pormenorizada aspectos técnicos, administrativos y operativos. El trabajo está bien planteado y permite inferir que su profundidad merece una especialidad específica, pero en este caso no se demuestra solvencia. Cabe preguntar: ¿quién prestó apoyo logístico en el desarrollo de un tema tan específico? ¿Le mandaron el borrador desde la Secretaria de Transporte o de Nación Servicios?

3 – ¿Por qué el autor del proyecto en ninguna parte explicita que la implantación de SUBE significa que el dinero de los usuarios (aproximadamente $ 500.000.000 por año) depositados en las tarjetas, que hoy está a buen resguardo en el fideicomiso del Banco Provincia, conforme la Ordenanza 16789, pasaría a ser administrado por un organismo nacional?

4 – ¿Cuáles son los intereses económicos que rodean al proyecto, al propiciar la sanción de una Ordenanza contraria a los intereses de la comunidad que lo votó?