Enríquez-Ominami –ME-O, como lo llaman– había caratulado como fundamentales los dos proyectos para el país, dentro de los cuales destaca el fortalecimiento de la educación pública y la reforma constitucional de aguas; además de ser trasladado al Senado, el Ejecutivo fijó un máximo de diez días para su tramitación. El acercamiento del gobierno a las propuestas del independiente Enríquez se suma a la renuncia la semana pasada de dos presidentes de partidos de la Concertación –conglomerado de centroizquierda que gobierna Chile hace veinte años–, tras la petición de Frei de renovar las dirigencias de los partidos que lo respaldan, tal como lo había solicitado Enríquez-Ominami.

Frei, abanderado oficialista y ex presidente de Chile, necesita remontar el 30 por ciento obtenido en la primera vuelta, una baja votación frente al 44 por ciento que obtuvo su rival, el empresario derechista Sebastián Piñera, favorito según los últimos sondeos. A menos de dos semanas de la segunda vuelta, ambos candidatos luchan por conquistar el electorado de Enríquez-Ominami, quien tras perder en primera vuelta el 13 de diciembre pasado dejó en libertad de acción a sus adherentes.

La decisión de Bachelet, cuya popularidad bordea el 80 por ciento, fue criticada por la oposición, que acusó al gobierno de intervención electoral en contra de su candidato, Piñera. "Nadie puede decir que no es el momento para esta última agenda legislativa, como algunos han insinuado, porque –la verdad sea dicha– siempre será el momento de hacer lo justo", replicó Bachelet al enviar al Congreso y disponer un debate urgente a la ley de mejora de la educación pública, los proyectos en cuestión. La decisión de la presidenta se conoce en momentos en que la contienda electoral recrudece, con Piñera como favorito para ganar los comicios.