El senador Gerardo Morales recibió a los secretarios generales de los sindicatos azucareros de La Mendieta, La Esperanza, San Isidro y San Martín del Tabacal, quienes plantearon la necesidad de promover una ley que declare insalubre la tarea que realizan, entre otros temas.
Se planteó también la problemática sobre el Renatre por descuentos "indebidos" y convenios habitacionales para la construcción de barrios sindicales.
Otro tema de particular interés es un proyecto de ley para el pago del 82% móvil a los jubilados del sector.
Dirigentes jujeños, solicitaron gestiones para suspender la subasta de las tierras del ingenio La Esperanza.
Se sumaron a las conversaciones el Dr. Alejandro Nieva, auditor general de la Nación Miguel Giubergia, diputado nacional de la UCRy los asesores legales Enrique Wandshneider y Fabián Tejerina.
SUSPENDER
LA SUBASTA
Durante el encuentro, Giubergia hizo saber que presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Ejecutivo plantee ante el Banco de la Nación Argentina la suspensión de la subasta de tierras del ingenio La Esperanza.
"La jueza María Cristina Lakatos resolvió, el 5 de abril pasado, aprobar un contrato de arriendo entre el ingenio La Esperanza y la empresa Metronec, situación que puede conducir a la inminente solución a los problemas que vive la planta fabril, principalmente los que tienen que ver con la preservación de las fuentes de trabajo y con la detención de la decadencia del centro productivo sampedreño", reseñó el legislador radical.
Advirtió que "no parece oportuno que el Banco de la Nación Argentina continúe llevando adelante el proceso de subasta de las tierras del ingenio".
Mencionó que entre las diferentes cláusulas de la resolución de la Jueza, se especifica que el arrendatario se compromete a plantar, hasta la finalización de la zafra 2010, la cantidad de un mil hectáreas nuevas de caña de azúcar, y otra cantidad igual hasta la finalización de la zafra 2011, además de hacerse cargo de los impuestos, las tasas y las contribuciones que durante dicho plazo graven los bienes arrendados y las que correspondan por la actividad económica del arrendatario, disponiéndose que también está a su cargo, el pago del servicio de energía eléctrica, agua, gas, teléfono y demás servicios que demande la explotación.
"Esta decisión judicial es favorable al planteo de sostener los 2.200 puestos de trabajo y a la ampliación de la cantidad de hectáreas cultivadas. Permite mejorar el posicionamiento dentro del sector productor azucarero y posibilita el aumento de puestos de trabajo", destacó Giubergia y añadió que "la delicada situación por la que atraviesa la empresa no sólo afecta a los trabajadores del ingenio, sino a toda la actividad comercial, económica y social de la zona que depende del ingenio".
"De esta forma, el presente y futuro del centro agro-industrial sampedreño irá solucionando las dificultades de las familias de los trabajadores y de todo su entorno", completó.
Comentá la nota