El proyecto denominado "Ley del Azúcar" que será debatido en la sesión de hoy por parte de la Legislatura tucumana, y que tiene como objeto regular el mercado interno en cuanto a la comercialización y exportación del producto, continúa en su derrotero sumando tanto apoyos del sector como críticas.

En tal sentido, desde la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) demostraron su satisfacción por la iniciativa elevada desde el Poder Ejecutivo, pues se sostuvo que la aplicación de dicha norma redundará en beneficio de la provincia y del sector en sí, evitando el bajo precio y favoreciendo su comercialización, puesto que la entidad estima que actualmente existen 500.000 toneladas de azúcar sin exportar. Tal situación, se trasluce en un descenso del precio interno del endulzante lo que condiciona el desarrollo de los factores que intervienen en el proceso surco-alcoholero.

"Esta ley debe contemplar y controlar estrictamente al industrial y a quien le provee de la materia prima, pues, sin la intervención de este último, no habría excedentes", indicó el secretario general de FOTIA, Roberto Palina.

A su vez, instó para que quienes no declaren e incurran en falacias sean castigados con todo el peso de la ley a través de las entidades que tienen el derecho de hacerlo.

El dirigente también llamó la atención en otro de los aspectos que deberán ser tenidos en cuenta al momento de la regulación propuesta por la ley.

"Débase observar con atención las actividades de los 'cañeros de café', personajes que sin conocer un canuto de caña, compran y venden azúcares obteniendo pingües ganancias", señaló.

Paralelamente, hizo mención a la actividad llevada a cabo por los contratistas, quienes, adujo Palina, aquejan al sector. "Éstos explotan a los trabajadores a la vez de incrementar la porcentualidad en negro. Tercerizados ellos, son creados por los industriales y cañeros. Su accionar reviste gravedad por lo cual la Legislatura creó un Registro para su control, denominado REPROCOM", detalló.

Más allá de destacar las cualidades positivas que significará la puesta en práctica de la norma que será pionera en el ordenamiento de la actividad azucarera local, FOTIA opinó que es necesaria una apertura legal que contemple a los ingenios radicados en otras provincias, productores también de grandes cantidades de azúcares y sus derivados.

Nombró, en este sentido, a industrias tales como El Tabacal, La Esperanza, San Isidro, Ledesma, San Javier de Misiones, El Amo y La Mendieta de Santa Fe. "Ello nos obliga a molestar a la señora presidenta Cristina Kirchner para solicitarle su intervención para que la Ley de referencia tenga alcance nacional y que los cupos para fabricación de alcohol, en aras del bioetanol, sean aumentados", remarcó Palina.

Finalmente, la institución en cuestión aseguró que la normativa será colectiva en cuanto a su aplicación y no se ajustará a las necesidades individuales de cada ingenio. "Esta será igual para todos. Nadie además quedará excluido, ni habrá tratos preferenciales. Inicua es la ley que a todos igual no es", concluyó Palina, que suma su beneplácito por la sanción de este instrumento legislativo al igual que las demás entidades cañeras como UCIT, CACTU, y Cañeros Unidos del Este y del Sur.

Sin embargo, no todas las opiniones vertidas en torno a este debate son complacientes con la iniciativa, puesto que el constitucionalista Luis Iriarte objetó el tratamiento parlamentario de la ley al sostener, en primer lugar, que la Legislatura es incompetente para pretender regular, desde el ámbito provincial, la problemática del abastecimiento del mercado interno nacional de azúcar.

Mientras que resaltó la incompatibilidad, a su vez, del gobernador José Alperovich para fijar por reglamentación de este proyecto de ley, "una reserva de previsión para el consumo interno", ya que el letrado asegura que solo le corresponde al Congreso de la Nación regular estas cuestiones.

"El proyecto es autoritario, avasallando el derecho de propiedad de ingenios y cañeros, al imponer un sistema de depósito de azúcares que obligatoriamente deben cumplir todos los ingenios y productores cañeros bajo severas penas de multas. Estos depósitos conforman una riqueza originada en la actividad privada, de la cual no pueden usar y disponer y de la que son privados sin que exista sentencia fundada en ley que lo autorice", argumentó Iriarte para sostener su contrariedad con la iniciativa.

Indicó, en tal sentido, que por este proyecto de ley, sus legítimos propietarios pierden el manejo y administración de su producción, el que queda en manos del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, creado por la Ley.

Por último, el constitucionalista adujo que "la temeridad del proyecto del Ejecutivo se revela en toda su magnitud cuando sustenta su articulado en lo dispuesto en el artículo 67 inc.18 de la Constitución local. Dicha normativa faculta a la Legislatura a 'usar y disponer la enajenación de tierras de propiedad provincial'. El Gobernador asimila esta disponibilidad de tierras provinciales con la riqueza creada por la actividad privada, pretendiendo apropiársela en flagrante violación del derecho de propiedad tutelado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El proyecto es inviable. Puede calificárselo, sin exagerar, como el espanta inversiones más temible del NOA", lanzó.