Por: Macarena Ramírez.

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El proyecto de implementación de un Salario Básico Universal (SBU), instalado definitivamente en el debate público a partir del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández en Avellaneda, genera una división entre las dos organizaciones sociales más grandes del país nucleadas dentro del oficialismo. El Movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico, y que maneja la mayor parte de los planes sociales, argumenta que no resuelve el problema del trabajo, plantea un universo de beneficiarios reducido y pide “poner los fierros” a la economía popular; el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois, autor del proyecto que pregona el kirchnerismo, propone que llegue a un segmento de al menos 7,5 millones de personas, focalizar la ayuda para la economía popular y terminar así con la arbitrariedad en la entrega de planes.

El debate en el que se entrecruzan intereses de diferentes sectores políticos se vuelve complejo y hasta confuso por momentos. Para clarificar: por un lado, el proyecto de Salario Básico Universal; por otro, los planes manejados por las organizaciones sociales. El más extendido de estos es el Potenciar Trabajo, que actualmente tiene algo más de un millón doscientos mil beneficiarios. Son dos cosas diferentes, pero que se entrecruzan en la discusión porque nadie imagina que, de sancionarse el SUB, ambos puedan convivir en el tiempo.

Ambas organizaciones están a favor de que se implemente el SBU. Fue uno de los principales pedidos que desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) hicieron en la masiva movilización del 1 de mayo, por el Día del Trabajador, con el aval de ambas organizaciones.

Como contó en detalle Letra P, el proyecto que hoy impulsa el kirchnerismo está basado en lo propuesto por el Frente Patria Grande, más cercano a la vicepresidenta, que fue presentado hace tiempo en el Congreso. El sector que lidera Grabois apunta a desarticular la arbitrariedad con que se manejan los planes sociales, hoy mayoritariamente en manos del Evita. Según su proyecto, el SBU debería llegar a al menos 7,5 millones de personas y cobrarse vía ANSES, bajo la misma metodología que la Asignación Universal por Hijo (AUH). De esta manera, se eliminarían intermediarios y discrecionalidad.

El proyecto de Grabois no elimina la existencia del programa Potenciar Trabajo. Sin embargo, desde la organización explican que, como ha pasado con otros, éste comenzó como un programa de fomento de trabajo y ante las necesidades terminó siendo una política de ingresos sin contraprestación ni actividad productiva alguna. Consideran que el Salario Universal oficiaría como depurador del Potenciar Trabajo, que podría redireccionarse y focalizarse en desarrollos productivos.

En cambio, el albertista Movimiento Evita cree que hay que profundizar el Potenciar Trabajo, ponerle “todos los fierros” a la economía popular y limitar el SBU a un universo menor de beneficiarios que, por diferentes circunstancias, no pueden integrarse a un proyecto productivo y de trabajo.

En diálogo con Letra P, un importante dirigente del Evita explicó que la ayuda hay que dividirla en tres segmentos de la sociedad. Por un lado, aquellos que deberían cobrar el SBU porque tienen dificultades para insertarse en procesos de trabajo socio productivos o socio comunitarios; un segundo pelotón, también menor, de personas a las que se las pueda capacitar para ingresar a trabajos en el sector privado y, por último, el sector más importante en volumen (unas siete millones de personas) que se desarrollan en la denominada economía popular.

Es en este último grupo en el que el Evita cree que hay que poner la inversión más importante del Estado, a través de las organizaciones sociales, ya que para ellos el SUB no resuelve la cuestión del empleo, genera más pobreza al bajar los ingresos y universalizar y aumenta el gasto público, aunque sí reconocen que solucionaría el problema de la indigencia.

Más que el SBU, el movimiento liderado por Pérsico pretende que se impulsen en paralelo tres proyectos que ya fueron presentados: el monotributo productivo, con el que trabajadores y trabajadoras de la economía popular puedan estar registrados y facturar; el otorgamiento de créditos no bancarios, para cortar con el negocio de los “usureros” barriales que florece pro la falta de crédito bancario; y la creación de circuitos de compra y venta con el sector público y el sector privado.

Pese a los esfuerzos de algunos dirigentes sociales por remarcar que las diferencias “son menores”, los proyectos que cada agrupación impulsa son muy diferentes. Hay, sí, un punto central de coincidencia: los planes no pueden pasar a manos de las intendencias, como pretenden los jefes y jefas territoriales del PRO y del Frente de Todos y algunos del radicalismo. Menos aún, el SBU.

Dirigentes sociales con los que habló este medio volvieron sobre las palabras del jefe de Gabinete bonaerense, el lomense Martín Insaurralde, quien en el comunicado que difundió tras la nueva embestida de CFK habló del manejo de los planes y del Salario Universal. “Los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son los Municipios. Esa es la esencia del planteo de Cristina. Llegó la hora de debatir el Salario Universal como herramienta para combatir la desigualdad estructural”, dijo.

En las organizaciones sociales creen que los intendentes quieren el manejo de los planes sociales para “quedarse con la caja”, evitar el armado en el territorio de organizaciones que después les hacen reclamos o incluso se presentan a elecciones. Afirman, además, que el traspaso de la ayuda social a los municipios lo único que haría es poner a los beneficiarios a trabajar de manera precarizada para los distritos.