A partir de la reciente creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, impulsada por el gobierno de la Pcia. de Bs. As., se han presentado en la justicia un importante número de amparos de profesionales que se vieron perjudicados por esta situación.

La creación de  la mencionada institución ocasionó que miles de matriculados  tuvieran que pasar compulsivamente a la nueva entidad y perder la posibilidad de  jubilarse en la Caja a la cual venían aportando a lo largo de toda su carrera profesional, quedando sujetos a una suerte de “laguna legislativa” que no brinda garantías  a los actuales matriculados de no perder sus aportes, ni a los recientes o futuros matriculados sobre su situación previsional ni sobre el funcionamiento del nuevo colegio al cual fueron obligados a matricularse.

Vale remarcar, en este sentido, que la justicia ya dictó varias medidas cautelares en favor de los profesionales por entender que se estaban vulnerando derechos adquiridos. Incluso, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires – en el mes de julio –  hizo lugar a un recurso presentado por el CIPBA para “suspender la transferencia de recursos al nuevo colegio porque la misma no se ajusta a derecho y hubiese representado un perjuicio para el conjunto de los matriculados del resto de las especialidades que verían mermado su patrimonio de forma injustificada”. 

Cabe recordar, además, que en el año 2018 el Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata  realizó una presentación en la justicia, planteando la inconstitucionalidad de la Ley Nº 15.030 de la Provincia de Buenos Aires. Dicha causa tramita en la justicia bajo el Nº I 75.418.

Antes de llegar a la instancia judicial, la institución profesional había puesto en conocimiento de los legisladores las deficiencias de la nueva normativa, e incluso, había solicitado formalmente a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal,  el veto de la mencionada ley.Asimismo, desde el Distrito II del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires – en su  momento – se realizó un estudio y análisis de la nueva normativa que fue elevado al Consejo Superior. Muchas de las consideraciones de dicho informe, que detallaba las diversas deficiencias de la norma,  fueron tomadas en cuenta por el CIPBA en su presentación judicial.