El proyecto legislativo para regularizar la tenencia de tierras de los puesteros del oeste avanza a buen ritmo y tiene consenso general en la Cámara de Diputados de la provincia.

De todos modos falta que algunos actores vinculados con la problemática fijen posición ante los diputados que tratan el tema.

Puntualmente, se espera que la Federación Agraria y el Ente Provincial del Río Colorado participen y den a conocer su posición frente al proyecto que en su momento presentó el diputado Martín Borthiry.

El legislador vernista está convencido de que la aprobación de la iniciativa -que crea un programa provincial tendiente a terminar con las irregularidades- terminará con numerosos problemas en la zona.

Eso no quiere decir que, antes de su aprobación, no haya que atender aspectos de tipo legal y analizar cuestiones relacionadas con la ocupación de algunas áreas estratégicas. Para ello será fundamental el aporte del EPRC.

El proyecto busca darle una solución definitiva a la tenencia de la tierra en los departamentos Chical-Co, Chalileo, Puelén, Curacó, Limay Mahuida y Utracán.

La presentación pública de la iniciativa, en su momento, se hizo con la participación de la diputada Carmen Bertone, el exdiputado Juan Carlos Scovenna y el asesor legal Sergio Sánchez Alustiza.

El objetivo es solucionar la problemática de la tenencia de la tierra que sufren unos 300 puesteros del oeste provincial.

El proyecto -tal como se ha informado en estas páginas- intenta que “todos los puesteros puedan acceder a este programa, en el cual se les garantiza la gratuidad en todo el proceso y la imposibilidad de que se los desaloje mientras dure la tramitación, independientemente de los años que ésta dure”.

Aprobada la iniciativa, el Estado debería obligatoriamente informar formalmente a cada uno de los puesteros sobre este programa. Se crea una comisión de seguimiento de la implementación de este programa, con representantes del Legislativo, organizaciones sociales y representantes de los mismos puesteros.

El proyecto crea el “Programa Provincial para la Regularización de la Tenencia de la Tierra”, para llevar a cabo acciones tendientes a informar, registrar, analizar y regularizar los títulos y derechos de las personas que detenten la ocupación de tierras rurales en los departamentos Chical-Co, Chalileo, Puelén, Curacó, Limay Mahuida y Utracán.

40 años

En su artículo segundo la iniciativa especifica que “podrán ser beneficiarios del régimen instituido por la presente ley las personas físicas que al momento de su sanción se encuentren habitando tierras en los departamentos indicados en el artículo 1º en forma continuada por más de cuarenta (40) años al 1º de enero de 2013, no posean el título legal de propiedad, resulten pobladores originarios o descendientes de pobladores originarios o pobladores nativos del oeste pampeano u ocupantes; con radicación efectiva en la zona, sin perjuicio de reunir los requisitos de las leyes civiles generales sobre la materia”.

“Los beneficiarios del presente régimen gozarán de gratuidad en todos los actos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales contemplados en la presente ley”, explica.

Los autores de la iniciativa destacaron el artículo que suspende los desalojos: “Por el plazo que dure la instrumentación de la presente ley quedará suspendida de forma inmediata la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles rurales ubicados en los departamentos comprendidos en el artículo primero de esta norma, hasta tanto se resuelva la situación dominial de los mismos, previa acreditación de presentación y admisibilidad otorgada por la Autoridad de Aplicación”.

“En los supuestos de que existiere sentencia judicial firme de reivindicación y/o prescripción adquisitiva, la Autoridad de Aplicación podrá dictaminar a favor de la expropiación del inmueble en forma total o parcial a fin de cumplir con los fines previstos en la presente ley, en defensa de los derechos de los beneficiarios”, completa la iniciativa.

En su momento, el exdiputado Scovenna dijo que “el proyecto viene a cumplir con la palabra empeñada por el justicialismo en 2005. El propio justicialismo señaló que estaba de acuerdo con la problemática que planteábamos pero pedía más tiempo para analizar la situación. A partir de allí se suspendieron los desalojos. Han pasado años y por suerte el propio oficialismo tiene la iniciativa de darle una solución definitiva”.