Luego de muchos años, y después de varios gobiernos democráticos, está en marcha una iniciativa para resarcir a los empleados públicos cesanteados por la última dictadura, la cual se extendió en el país desde el año 1976 hasta 1983. Este proyecto de ley, que está en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja de la Nación, alcanza a todos los trabajadores en el nivel nacional que fueron despedidos por la Ley de Prescindibilidad (Nº 21274). En Catamarca, cuatro mil empleados quedaron vacantes por esta normativa, y tres mil más por la ley provincial 3.090, que afectaba a los municipales y provinciales.

La indemnización contemplada en la ley consiste en otorgar 30 sueldos de una categoría nacional A8, que es de 2.500 hasta 2.700 pesos. Esto significa que si tomamos la cifra menor, el resarcimiento sería de un total de 75 mil pesos. De acuerdo con el proyecto, la compensación correría por parte del Estado nacional y reconocería a todo el nivel público: municipal, provincial y nacional.

Asimismo, la ley incluye a todas las personas que hayan sido efectivas, transitorias o contratadas al momento de quedar cesantes. De igual manera, contempla a quienes reingresaron al sector público con posterioridad, cumplieron sus años de trabajo y se jubilaron como empleados públicos.

En este sentido, en 1984 se promulgó en Catamarca la Ley 4444, la cual daba la posibilidad a todos los agentes que reingresaran al Estado, y se le reconocían esos siete años de aportes jubilatorios. Estos trabajadores también gozarían de este beneficio. Aunque el texto de la ley no aclara si habría alguna diferencia en la indemnización con respecto a los que nunca recuperaron su antiguo empleo.

Los promotores de la nueva iniciativa, la ley 31/35 que ingresó a Diputados en marzo de este año, son la diputada nacional por Mendoza Patricia Fadel, del Frente para la Victoria (FPV), y el pampeano Roberto Robledo, perteneciente al Partido Justicialista (PJ). El proyecto entró en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que preside la diputada Victoria Donda Pérez, y tiene que transitar también las de Justicia y Hacienda.

Para poder calcular cuántos trabajadores gozarían de este beneficio, se le pidió a cada Gobernador un padrón con la cantidad de gente cesanteada en su provincia. Si bien Catamarca recabó alrededor de mil personas, la Comisión Nacional de Cesanteados (Conadece), que trabaja en la provincia, calcula que son alrededor de 7 mil.

Por ejemplo, más de 900 personas en la municipalidad de la Capital, 500 de la Legislatura, mil en Agua Potable (ahora Aguas del Valle) las cuales quedaron vacantes en un día sin previo aviso, 400 en Vialidad Nacional, más los municipales de Andalgalá, Belén, Tinogasta, Santa María y Recreo, únicos municipios autónomos en aquella época. Además de los trabajadores del Correo, Radio Nacional, Aerolíneas, los Ferrocarriles, entre otros.

Si se otorga esta compensación a los trabajadores cesanteados por el último gobierno de facto en el país, los beneficiarios tendrán un plazo de 10 días para presentar los papeles que acrediten su despido por la Ley de Prescinbilidad. En algunos casos, este documento lo pueden encontrar en el Boletín Oficial, algunas reparticiones del Estado e incluso sirve el telegrama de despido o la notificación que recibieran en aquella oportunidad, en caso de que la tengan guardada.

Desde Catamarca

La Conadece catamarqueña, presidida por Guillermo Ale, viajará a Capital Federal para reunirse con los legisladores nacionales, y realizar gestiones por la ley de cesanteados de la dictadura y el proyecto de incluir los despedidos por la intervención federal de Luis Prol. Además, Ale destacó que la agrupación mantuvo entrevistas con los legisladores nacionales de la provincia para pedirles que apoyen estas iniciativas.

No obstante, para el titular de la institución, “desgraciadamente esto está encarado o planteado sólo desde un resarcimiento, porque acá no se trata de un sueldo de indemnización por año, de despido prácticamente, sino que esto tiene relación con los derechos humanos. O sea, el daño que se le ocasionó a la gente no se puede resarcir con 2.500 pesos por año perdido. Tendría que estar mucho más enfocado desde el tema de los derechos humanos”.

Ale explicó que muchas personas tuvieron serios problemas para reinsertarse al mundo laboral cuando fueron despedidos en 1976. No sólo quedaron sin empleo de un día para otro, sino que “la Ley de Prescindibilidad decía que todos los cesanteados por esa normativa no podían reingresar al Estado por siete años. Y cuando los trabajadores pedían una carta de recomendación lo que ésta decía era lo que se le ocurría a los milicos. Imagínese ir con esa carta a pedir trabajo en una empresa privada”.