Por este acuerdo el organismo provincial reconocía una deuda que podría rondar, con intereses, los 4 millones de pesos y se disponía a abonarla a través de un plan de cuotas.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, señaló que se declaró competente el Superior Tribunal en la causa Nediki. "La dirección provincial de Vialidad (DPV) había hecho un convenio con esta firma, por el cual le reconocía una deuda que, a mi juicio, era inexistente, por lo tanto planteé la lesividad del acuerdo”, precisó a APF.
Rodríguez Signes promovió hace dos años la firma del decreto 183, declarando la lesividad del acuerdo, e inició la acción ante el STJ. En paralelo, pidió y logró que el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 se declarara incompetente en el juicio que inició la firma para cobrar lo adeudado por Vialidad, que también fue elevado al Alto Cuerpo.
En Tribunales confirmaron que el 22 de diciembre del año pasado, el Superior dictó una resolución en el sumario por competencia que se inició con el giro del expediente del Juzgado Civil, hecho que paralizó el 23 de junio los plazos procesales del juicio contencioso administrativo.
La decisión del máximo Tribunal, que fue comunicada a las partes por cédula fechada el 27 de diciembre, aún no está firme. Desde la Oficina de Prensa del STJ se indicó que están vigentes los plazos para cuestionarla por los recursos de revocatoria o nulidad o incluso por la vía extraordinaria federal.
La acción iniciada por Fiscalía ante el STJ es contenciosa – administrativa por lesividad. Por eso, interviene el Alto Cuerpo en forma completa, es decir que deben fallar sus nueve integrantes.”Lesividad quiere decir nulidad de un acto administrativo, en este caso el contrato entre Vialidad y la firma Nediki”, explicó el funcionario.
El acuerdo
El acuerdo había sido firmado en 2006 por el entonces titular de Vialidad, Santiago Gaitán, y la empresa, reconocía una deuda a favor del privado por 842.393 pesos que, con sus actualizaciones, podría trepar a unos 4 millones de pesos. Nediki llegó al reclamo luego de obtener la cesión de derechos de Induvial, la firma contratada por la DPV en 1995 para realizar una obra en la ruta 39 que no se concretó y que generó el inicio del litigio judicial.
En el pase de derechos entre Induvial y Nediki actuó un tercero: Ernesto Julio Vilán, que los había recibido de la primera firma en noviembre de 1995.
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