La iniciativa, que sólo consta de dos artículos, establece que el PEP "no podrá ofertar en venta acciones que el estado provincial posea de empresas que presten servicios públicos, sin la previa autorización legislativa", y que una vez que se hayan seleccionado los oferentes el Ejecutivo deberá pedir autorización nuevamente para hacer efectiva la venta "elevando la información con detalle del monto de la operación, cantidad de acciones, listado de oferentes y demás datos relacionados con la operación".

La norma que propone Pérez nació en medio de la creación de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSAySa). En aquella ocasión, generó polémica un artículo que habilitaba al gobierno a vender las acciones de la empresa sin que interviniera la Legislatura provincial. La norma fue aprobada sin modificaciones, entre otras razones, porque se trataba de un Decreto de Necesidad y urgencia (DNU) que sólo podía ser aprobado o rechazado.

En diálogo con Nuevo Diario, la legisladora explicó que la Provincia está realizando una fuerte inversión en obras de agua y saneamiento que van a beneficiar a la compañía que eventualmente comprar las acciones de la sociedad anónima que, en la actualidad, pertenece al Estado.

En ese sentido, y si bien evaluó que la actual gestión no tiene pensado transferir el capital accionario de CoSAySa, Pérez consideró que "puede suceder que de acá a 10 años venga algún gobierno y (…) entre gallos y media noche se haga la venta a un grupo empresario sin que el pueblo de Salta, a través de sus representantes, pueda participar".

Y agregó que "espero que la comisión de Legislación General se anime a dictaminar sobre esto, ya sea rechazándolo o aprobándolo, pero creemos que debe ser un tema de debate".