El Congreso de la Nación se prepara para discutir la nueva regulación de la actividad petrolera y desde las provincias productoras del recuso encendieron una alarma ante los nuevos desafíos que conlleva este debate. Una de las mayores preocupaciones de las provincias es el tope al cobro de regalías, es decir, el porcentaje que les corresponde por ser dueñas de sus recursos. Por eso, la oposición alerta sobre un intento del Gobierno Nacional de avanzar sobre el federalismo y las autonomías provinciales. Durante el transcurso de la semana última, el gobernador Peralta explicó que “sólo hay un borrador para implementar una estrategia conjunta entre las provincias y el Gobierno Nacional ante los nuevos desafíos en la búsqueda de inversiones”. Sobre la realidad de las operadoras, señaló que no considera que “estén haciendo algo para perjudicar al país y a ellos mismos, lo que pasa es que defienden sus intereses a partir de lo que significan los negocios que llevaron adelante”.“Santa Cruz está en el desarrollo de un esquema distinto e YPF nos dio respuesta desde su recuperación y eso se está notando”, expresó el titular del Poder Ejecutivo, indicando que “una vez que la ley esté culminada y visada por los gobernadores y los miembros de la OFEPHI entraremos en el ámbito del debate, tanto con el Senado como con los trabajadores y los empresarios de nuestra provincia”.

Adjudicación de áreasEn tanto, el debate entre las provincias dueñas del recurso y el Estado Nacional para avanzar en la futura ley se abrió mediante el “borrador” que contiene diferentes aspectos. Ese escrito fija nuevas condiciones para las concesiones de las áreas a través de mecanismos “competitivos” de adjudicación. Esto significa que en las licitaciones se buscará priorizar a las empresas que ofrezcan mayores inversiones. Sin embargo, la oposición parlamentaria presume que se esconde una reducción de la participación de las empresas provinciales de energía sobre la renta hidrocarburífera, aunque se ha precisado que se trabaja para evitar estas posibles desviaciones. Además, el Gobierno pretende eliminar las reservas de áreas y el denominado “acarreo” o “carry”, que le permite a las empresas provinciales participar de la exploración y explotación que hacen otras firmas privadas en sus áreas sin invertir dinero, quedándose con un porcentaje no menor al 10 por ciento. El borrador no lo dice explícitamente, pero reconoce a las regalías como “el único mecanismo de percepción de la renta petrolera”, y desde la oposición sostienen que erradicar el acarreo obedece a un deseo de YPF. La misma controversia existe en Neuquén, donde el Gobierno local no estaría dispuesto a ceder.A la espera de que la iniciativa sea finalmente remitida al Parlamento, legisladores del oficialismo y la oposición ya salieron a marcar la cancha, con opiniones firmes y proyectos propios. Aunque todos coinciden en algo: sin consenso, no habrá salida posible.