El fiscal general Guillermo Sancho pidió el lunes pasado a la Legislatura provincial una copia del expediente del juicio político que se llevó adelante a fines del año pasado contra el exministro de Obras Públicas Jorge Varela por la paralización de más de cuatro años de la obra del Megaestadio de Santa Rosa. Desde la Cámara de Diputados aún no enviaron esas copias.

El funcionario judicial tiene en sus manos una causa judicial en la que se investigan presuntas irregularidades en la obra. En la causa se unificaron dos denuncias. Por un lado, la presentación que realizó hace un par de años el exministro de Gobierno César Rodríguez para que se investiguen las sospechas de corrupción en torno al proceso de construcción de la obra. Por otra parte, también está la denuncia contra el exinspector del Megaestadio, el ingeniero Roberto Domingo Lorda, que presentó en septiembre del año pasado el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola.

En el marco de la causa penal, Sancho hizo el pedido a la Legislatura para tener más elementos de prueba. “Es una medida más, se está analizando documentación”, explicaron fuentes tribunalicias a El Diario. Hasta ahora, el fiscal no ha tomado declaraciones. Más adelante, podría citar a testigos o, incluso, disponer directamente indagatorias de algún sospechoso de haber cometido un delito. “Se va a empezar a tomar algún tipo de definición”, evaluaron desde la Fiscalía.

Datos ventilados

En principio, en la causa se investiga si se pagaron sobreprecios en la obra del Megaestadio. En marzo del año pasado, Sancho pidió dos pericias, una contable y otra específica, para que un ingeniero determine el real grado de avance de la obra adjudicada a INARCO. Además, en junio del año pasado, requirió a la FIA la copia del expediente que tenía en marcha esa repartición sobre la obra.

Ahora, Sancho busca conocer de primera mano los datos que se ventilaron en la Sala Acusadora de Juicio Político. Cabe recordar que el 9 de septiembre del año pasado, la FIA impulsó en la Legislatura el juicio político de Varela, a quien acusó de no cumplir con sus deberes de funcionario público por mantener la suspensión indefinida de la obra, y presentó la denuncia penal contra el inspector Lorda, contratado por la gestión del gobernador Oscar Jorge para supervisar la colocación del nuevo techo, luego de que colapsara la primera estructura.

La Sala Acusadora dio curso a la denuncia y el funcionario entregó un descargo por escrito, en el cual mencionó que la obra se licitó, en su momento, sin un proyecto de dirección de obra y sugirió que se cometieron irregularidades en la primera etapa, cuando ocupaba el cargo de gobernador Carlos Verna.

Además, durante octubre desfilaron testigos convocados al juicio político. Durante sus declaraciones, surgieron a la luz algunas sospechas que, hasta ese momento, solo eran rumores. Los exfuncionarios de la gestión vernista coincidieron en responsabilizar a INARCO por el error de cálculo del primer techo, negaron irregularidades en esa etapa y culparon al actual Gobierno Provincial por la falta de cumplimiento del compromiso de la empresa de hacerse cargo de construir un segundo techo y colocarlo sin mayores costos.

Sin embargo, entre otros testimonios, en la Sala se escuchó a la arquitecta inicial de la obra, Adriana Kuntz Aza, quien denunció que el Megaestadio tiene irregularidades de construcción estructurales desde sus inicios, y que los exfuncionarios del área hicieron la vista gorda. El asesor de Gobierno, Marcos Paz, cuestionó la adjudicación de la obra a una empresa sin antecedentes en el tipo de construcción compleja que se requería.

Finalmente, el juicio político a Varela se cayó dos días antes de que los diputados votaran la acusación y lo suspendieran, porque el 31 de octubre el funcionario presentó la renuncia. Los diputados del FrePam anunciaron en diciembre que habían surgido elementos para denunciar penalmente a los exministros vernistas del área, Julio Bargero y Paulo Benvenutto, aunque aún no concretaron una presentación.

Obra frustrada

El Megaestadio se licitó en 2006, durante el gobierno de Carlos Verna. Debía terminarse a fines de 2007 para los juegos de la Araucanía. Pero el techo colapsó por un error de cálculo. INARCO asumió la responsabilidad y presentó una alternativa de una nueva estructura: le otorgaron 420 días de plazo para montarla.

En 2010, a un día de vencerse ese plazo, la obra se paralizó. Luego, la empresa pidió más plazo y un pago millonario para comprar columnas que sostengan la nueva estructura. La Legislatura rechazó esa pretensión -avalada por el Gobierno Provincial- y desde el FrePam y el vernismo reclamaron la rescisión del contrato por un nuevo incumplimiento de la empresa.

Jorge intentó formar una comisión con los legisladores y otra con el Tribunal de Cuentas y la FIA, para determinar cómo sería el devenir de la obra. Sin embargo, ambas instancias fueron descartadas. Finalmente, como pasó el tiempo y la suspensión de los plazos de la obra se mantuvo, la FIA impulsó el juicio político al ministro Varela por la inacción oficial.