La Conciliación Obligatoria que abarca al gremio de los profesionales de la administración pública nucleados en APUAP, y al estado provincial, no logró acercar posiciones aún, trascurridas dos audiencias en donde el sindicato reclamó una mejora en las retribuciones que disponen las leyes que regulan la carrera profesional.

Las posiciones encontradas en este punto impidieron acceder por el momento a la discusión por la recomposición salarial que aspira el gremio.

La postura oficial alude al término del período de sesiones ordinarias que imposibilita introducir modificaciones en la legislación.

Los profesionales apuntan a actualizar algunos conceptos que se abonan por designio de la normativa mencionada, solicitando la rezonificación de la provincia, para quienes trabajan en lugares inhóspitos, un mejor reconocimiento de las responsabilidades por Jefatura (actualmente se abonaría $200 por este ítems), mejoras para aquellos profesionales que tienen bloqueado su título y no pueden ejercer la profesión en el sector privado, como así también para los que tienen 25 años de antigüedad y nunca más recibieron una mejoría escalafonaria.

Al término de la reunión, el titular de APUAP, Víctor Aramayo, le puso plazo a las negociaciones. “Acordamos pasar a un cuarto intermedio para que en la próxima reunión, y a pedido de nuestra parte, defina esta cuestión”. La misma tendrá lugar el viernes venidero, y se solicitó la concurrencia del Ministro de Salud, Víctor Urbani.

Se pretende además que se complete la recomposición salarial. En este punto los profesionales aspiran al 9 % que surge de la diferencia entre el 30 % solicitado a principio de año y el 21 % otorgado finalmente en aquel momento.

En representación del poder ejecutivo provincial, el Procurador del estado, Gustavo Toro, expresó que el pedido es de difícil cumplimiento, poniendo en manos de los legisladores la definición del tema. “Les hemos hecho saber que el período de sesiones ordinarias ha concluido. Este tipo de normativas requiere un análisis más profundo. Si bien se trabajó sobre esta normativa desde hace más de diez meses, la documentación se encuentra en poder del Ejecutivo hace muy poco tiempo. Es necesario compatibilizar lo trabajado con el bienestar general y el resto de la normativa vigente”, aseveró.