El gobierno de Antonio Bonfatti conseguirá hoy de la Cámara de Diputados modificaciones al proyecto de reforma tributaria que se ajustan mucho más al texto original que había enviado al Senado. Por lo menos así resulta del trabajo en comisiones –de Asuntos Comunales y de Presupuesto y Hacienda– que realizaron ayer los distintos bloques políticos y que hoy terminará de delinearse en la comisión de Asuntos Constitucionales y luego en el mismo recinto cuando se debata el tema.

La gran dificultad en la negociación se centró en el propio peronismo, que tiene mayoría, porque no terminó de unificar criterios. Por lo cual, es de esperar que en la sesión de esta tarde una quincena –de los 28 miembros del PJ– levante la mano a favor, varios bloques se abstengan de acompañar el proyecto, otros lo hagan de forma negativa y un puñado cuestione el dictamen que salió de la comisión de Comunales porque entienden que se sesionó sin quórum.

En ese último grupo de legisladores está la gente de 100% Santafesino y Erika Gonnet (Frente para la Victoria), entre otros, que a partir de una interpretación reglamentaria pretenden retrasar la discusión de la iniciativa. Tampoco de ninguno de esos sectores se conoce un texto alternativo o aportes técnicos para mejorar el decidido aumento de impuestos que votó el Senado el 13 de julio pasado a la madrugada.

Fue un dirigente muy cercano al Gobierno Nacional –que pidió reserva de nombre– el que graficó la situación interna del PJ con una frase contundente: “Hay compañeros que van a Capital Federal y son kirchneristas, después vienen a Santa Fe y son lo más conservador que existe en política. El legado que nos dejó Néstor es que debemos trabajar para los que menos tienen y así cambiar la realidad, en lugar de quedar bien con las corporaciones económicas”.

Pese a los esfuerzos de las autoridades partidarias del justicialismo para evitar que las diferencias los dividan, los factores ideológicos y de coyuntura política tuvieron un mayor peso propio en el análisis de la reforma tributaria. En tanto, el Frente Progresista (que apenas tiene 15 diputados) recostó sus expectativas de readecuación fiscal sobre aquellos espacios con los cuales comparten la idea general de que “paguen más los que más tienen”.

Dictamen made in PJ K

Con respecto al Inmobiliario Urbano, kirchneristas e integrantes del Frente Progresista acordaron no avalar ningún revalúo pero sí una readecuación de las actuales partidas. Ésta consiste en aumentos de entre un 20 y un 65 por ciento para los contribuyentes del rango 5 al 8. No obstante, el oficialismo insistirá en cobrar una suba del 10 por ciento a los rangos 3 y 4 del mencionado tributo, aspecto que el PJ no está dispuesto a convalidar.

En el Impuesto Inmobiliario Rural se dio el mayor logro del diálogo político porque a instancia de un planteo que hizo el Movimiento Evita (PJ) y que apoyó el socialismo habrá un revalúo fiscal mayor al que proponían los senadores. En lugar del cinco por ciento se aprobaría un revalúo del 8,4 por ciento de las parcelas rurales, con lo cual el promedio fiscal de una hectárea pasaría a valer unos 6.000 pesos, según una fuente legislativa.

A ello también se suma un aumento del 100 al 300 por ciento para las propiedades rurales entre rangos oscilen entre el 2 y el 11. El revalúo y el incremento disparará dos tributos nacionales que hasta ahora muchos campos no pagaban porque tenían una valuación fiscal muy baja, ellos son: Renta Presunta y Bienes Personales. Así también se explica el visto bueno que dio el kirchnerismo santafesino.

Además, otro tema que preocupaba al conjunto de los legisladores y a entidades agropecuarias era el artículo 30 del proyecto del Senado, que planteaba eliminar la Unidad Económica Agraria. Ese punto se eliminó de la iniciativa redactada por Diputados, ya que entienden que permitir la subdivisión indiscriminada de parcelas agropecuarias sólo favorecerá a que capitales (pooles de siembra) concentren más tierras y mayor renta en desmedro de cualquier forma de agricultura familiar.

También, a instancia de una propuesta que llevó y militó el Movimiento Evita, se incorporó el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos a las industrias radicadas en la provincia cuya facturación anual es igual o mayor a los 80 millones de pesos. En total son 69 las firmas que están bajo esa condición, entre ellas nueve industrias alimenticias, que también deberán pagar el mencionado tributo. Por último, ya hubo contactos con senadores para tratar de que éstos acompañen los cambios que se acordaron en las últimas horas y, de esa forma, otorgarle al gobierno de Antonio Bonfatti el desahogo financiero que tanto reclama.