La Provincia pidió el permiso después de que había empezado a tirar abajo el edificio
El recorrido burocrático del expediente 4-13-1-18-19-20 V° B°, empezó por Mesa de Entrada y finalizó en la Dirección de Obras Privadas. Pero antes recorrió otras áreas (Patrimonio Cultural, Planeamiento Urbano y Ambiente) que debían aportar su firma para su aprobación. No en todas encontró aprobación.
La improvisación con la que se está haciendo todo este proyecto lo demuestra que la solicitud de demolición parcial muestra un mapa de referencia precario, impreciso y hecho a mano, que ubica a la Casa de Gobierno, en la esquina de las calles Chile e Ituzaingó. De esta manera se pasa por alto el ingreso principal del edificio por bulevar Chacabuco 1.300.
Otro error en el dibujo describe a la avenida Cruz Roja como vía colindante a la sede gubernamental. Con sólo buscar su locación en Internet se accede a su dirección correcta.
Sin firma. En el documento oficial, no aparece la resolución favorable de la Dirección de Prevención y Gestión Ambiental (expediente 29734311), ya que se carecía de una declaración de impacto ambiental necesaria.
La Voz del Interior realizó varios intentos para contactar al director de Planeamiento Urbano, Orlando Ferraro, a cargo de la autorización debido a la licencia por vacaciones del secretario de Desarrollo Urbano, Daniel Rey. Desde el martes pasado se habló a voceros municipales para conseguir un pronunciamiento sobre el tema. Ayer, su secretaria confirmó que Ferraro estaba al tanto del requerimiento pero que no podía atender al diario porque estaba en una reunión fuera del Palacio 6 de Julio. Tampoco contestó su teléfono celular.
Sin embargo, la concejala a cargo del Ejecutivo, Sandra Trigo, sí respondió al llamado y se desligó del procedimiento porque, según indicó, el trámite se inició horas antes de que ella se hiciera cargo del reemplazo de Daniel Giacomino. Trigo informó que ayer se reunió con el asesor letrado, Carlos Varas y con el arquitecto Ferraro para que se girara el expediente a la fiscal Dolores Romero Díaz, quien lo había requerido el lunes pasado por una denuncia penal contra el gobernador Juan Schiaretti.
“Yo di la orden de que el expediente sea remitido hasta las 14, y de no ser posible, mañana a primera hora a la fiscalía. Así se evaluaba con el expediente físico si todos estos informes estaban o no contenidos”, dijo la edil, quien se comprometió a establecer un puente con el funcionario a cargo que tampoco rindió frutos.
Amplían denuncia. El titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro, amplió ayer la denuncia penal contra Schiaretti ante la fiscal de feria Dolores Romero Díaz.
“El proceso de demolición iniciado por la empresa Brasca por orden y cuenta del Gobierno de la provincia de Córdoba empezó antes del día siete de enero de 2011, e incluyo no solamente una fase preparatoria sino también demolición propiamente dicha”, argumenta el escrito.
A su vez, Romero Díaz explicó que la causa está “bajo secreto de sumario”, confirmó la incorporación del escrito y señaló “que son nuevos elementos de prueba a considerar”.
Carlos Nayi, abogado de Montenegro, destacó que la Casa de las Tejas sí aparece en la nómina de edificios de Patrimonio Arquitectónico Urbanístico y de Área de Valor Cultural, establecido en el Anexo I de la ordenanza 11.190. Figura con la categoría de protección “baja”, que según la ordenanza se refiere a edificios con “valor social, de identidad”.


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