"Las autorizaciones existen, pero fue ahí cuando el Banco nos indicó que las cuentas en las que se depositaban los fondos debían estar a nombre de los titulares de la Finca", sostuvo Emiliano Venier, coordinador general del Ministerio de Ambiente.

Señaló que fue tras esta directiva del Macro que se sacaron las resoluciones en las que se obligaba a los beneficiarios a abrir las cuentas a nombres de los titulares de las fincas, a excepción de casos como los de las comunidades originarias.

Según surge de la requisitoria y de lo informado por el Macro, los fondos que debían darse en uno de los casos no fueron liquidados "hasta la fecha, puesto que se requirió para su cobro la apertura de una cuenta de titularidad del beneficio, lo cual no ocurrió". Ambiente asegura que en ningún caso se llegó a pagar los fondos dado que las cuentas no estaban a nombre de los titulares de las tierras.

Entre otras solicitudes, el fiscal Toranzos pidió que Ambiente informe "las tareas de campo que se realizaron respecto del beneficio en cuestión y si se hace una comprobación en el terreno de la situación del predio". Se entiende que ello es a fin de establecer si las superficies cuentan con qué conservar. Venier indicó que la verificación se hace por imágenes satelitales.

"Recorrer todas las hectáreas es imposible", afirmó. Hasta el momento, y entre otras medidas, se pudo conocer que el juez Medina solicitó una inspección ocular sobre las tierras en las que se investiga el otorgamiento de los fondos, además de la necesidad de conocer cuál es la situación de los posibles herederos del verdadero Fernández.