La concesión directa de la autopista a Santa Fe a una unión transitoria de empresas (UTE) rosarina por seis meses y el llamado a licitación en marcha volvieron a generar polémica en le Legislatura. Es que tras la llegada de un dictamen del Tribunal de Cuentas que según el PJ es “lapidario” con las resoluciones del gobierno provincial, los legisladores de la oposición preparan una presentación judicial para que se investigue si hubo delitos por parte de los funcionarios públicos a cargo del tema y que se dé marcha atrás con lo actuado.

Luis Rubeo, titular del bloque del Frente para la Victoria, anticipó que el martes se realizaría la presentación en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, para la que espera contar con el respaldo de los otros sectores del PJ.

El legislador explicó que el dictamen del Tribunal de Cuentas respalda las observaciones realizadas por la oposición ya que “queda demostrado que no existía la urgencia” que según el gobierno justificaba la concesión directa.

“Si ya el 8 de abril habían hecho un convenio con la UCR para que hiciera un análisis para el llamado a licitación y dos veces prorrogaron la anterior concesión. No hay respaldo técnico que justifique el accionar del Ejecutivo”, afirmó.

Pero además, desde el PJ también se cuestiona el actual llamado a licitación, cuyos pliegos no pasaron por la Legislatura y hecho en base a una ley de los años 90 –cuando se hizo la anterior concesión– que “ya caducó”.

"Lo que deberían haber hecho es enviar los pliegos pertinentes a la Legislatura”, sostuvo Rubeo, cuya apuesta es retrotraer la situación a fojas cero y que el Estado se haga cargo de la autopista hasta que se aclare la situación.

Esto que ya pidió sin suerte en los ámbitos políticos es lo que ahora, dictamen del Tribunal de Cuentas en mano, espera que se resuelva por vía judicial.