Con proclamas a favor de la igualdad de los pueblos, los nuevos tiempos políticos que soplaban en el Río de la Plata esperanzaban a los jujeños respecto a que habían llegado las condiciones que posibilitaran cortar la dependencia de Salta, con la que no cesaban los conflictos por la inversión del producido del ramo de sisa, impuesto que tributaba el comercio de mulas. La afectación de recursos para guarnecer la frontera jujeña con los indios del Chaco, de lo que dependía el crecimiento de la ganadera de Jujuy y por ende una competencia con la producción vecina, así como la prohibición de producir tabaco que se impuso a Jujuy y Catamarca con el fin de favorecer a los tabacaleros de Salta, eran otros de los problemas que alimentaban las aspiraciones autonomistas.

De ese clima están empapadas las instrucciones dadas por el Cabildo de Jujuy al canónigo Juan Ignacio de Gorriti, designado representante al nuevo gobierno en septiembre de 1810. En febrero de 1811, el ayuntamiento se dirigía a la Junta de Buenos Aires a través de su diputado, para manifestar que la prisión del rey Fernando VII había hecho retrovertir los derechos de éste a los pueblos. En consecuencia, los pueblos debían y podían tender a las reformas necesarias para concretar su felicidad mediante oportunas medidas de gobierno y por ende, se hacía necesario contar con una legislación adaptable a su posición local y ramos de comercio, que el gobierno de España no había dictado. Y como entonces se encontraban en una época en que por una extraña felicidad de los tiempos cada pueblo puede sentir lo que más le acomode y decir lo que mejor le parezca, era –sin embargo- obligación del Gobierno persuadirlos de esa verdad mediante ejemplos prácticos de las reformas requeridas. En ese marco, el Cabildo planteaba que la ciudad de Jujuy y su jurisdicción de campaña debían ser reputadas como una “pequeña república que se gobierna a sí misma”. También solicitaba que Jujuy pudiese tener su constitución particular que “dirima todas las controversias que puedan ocurrirle según la diferencia de tráficos que están establecidos además de las leyes generales para todo el reino”. En el punto cuarto, se pedía lisa y llanamente la anulación de la dependencia de Salta.

La postura de Jujuy no prosperó en Buenos Aires ya que la Junta Grande entendía que la pretensión autonómica era resorte del futuro congreso nacional, pero la cuestión cobró gran resonancia a causa de un grave incidente protagonizado por funcionarios salteños, sólo unos meses después. En marzo del año 1811, el pueblo de Orán pedía auxilio al Cabildo de Jujuy ante una nueva incursión indígena y éste, considerando que era necesario acudir inmediatamente en auxilio de la población en peligro, dispuso utilizar dineros y municiones de las cajas reales para efectuar el operativo e informar de ello directamente a la Junta Grande y no a la Junta principal de Salta. Ésta reaccionó apercibiendo en forma enérgica a las autoridades jujeñas por haberse tomado atribuciones que no tenían y multó a los cabildantes que habían autorizado la medida, disponiendo además que restituyeran de sus bolsillos los pesos extraídos para la campaña a Orán.

Con el fin de asegurar el estricto cumplimiento de estas disposiciones, la Junta de Salta envió a Jujuy a su presidente, el coronel Tomás Allende, quien terminó destituyendo a los capitulares que no habían pagado las multas y ordenó el secuestro y embargo de sus bienes hasta cubrir los importes tomados de las cajas.

El 9 de mayo de 1811, el Cabildo de Jujuy –que había sido desintegrado por la represalia de Allende- convocó al pueblo para tratar la situación anárquica que se vivía a consecuencia de la actuación del jefe salteño.

En esa histórica sesión, el alcalde de primer voto, Manuel Fernández Espinosa, expuso los motivos por los cuales los jujeños estaban en el derecho de sacudir el yugo de Salta: “Nunca se ha visto la ciudad más perseguida que ahora: es verdad. Pero nunca nos podríamos prometer el remedio más pronto. El déspota cabila para sostener sus caprichos; pero esta misma oposición autoriza más las gestiones de este Cabildo para cortar la dependencia funesta de Jujuy respecto de Salta…[…] Somos libres: veamos qué causa nos ha esclavizado. Y cuando todos los pueblos se han revestido de sus derechos naturales, sepamos por qué Jujuy debe omitar este acto sin el cual todas las promesas de libertad nada significan”.

El desastre de Huaqui, empero, concentraba la atención del Gobierno de Buenos Aires en aquel momento y el reclamo de la autonomía jujeña tendría que esperar todavía muchos años, aunque la reivindicación no se olvidó y fueron varios los intentos por lograrla, como en 1815, cuando sin más armas que sus razones, Jujuy se enfrentó a Güemes al negarse a reconocerlo como gobernador por no habérsele dado participación en su elección.

Estos hechos junto con el conflicto de Allende, así como las gestiones de Gorriti en Buenos Aires y las encomendadas a Pedro Pablo Vidal, congresal por Jujuy en la Soberana Asamblea del año XIII, refutan ampliamente interpretaciones de un sector de la historiografía pro-salteña que ha venido sosteniendo que el pronunciamiento del 18 de noviembre de 1834 no fue más que un acto de ingratitud a cargo de un puñado de “revoltosos”.