El empresario automotriz Gustavo Castellazzi indicó ante la consulta de LA VERDAD que han salido algunas resoluciones nuevas del Registro Nacional del Automotor que comenzaron a implementarse.

“Básicamente son ampliaciones de cosas ya encaminadas, por ejemplo declaraciones juradas. Se está requiriendo un poco más de información de la que se pedía”, explicó el empresario local.

“Hay incertidumbre y desconocimiento ya que muchas resoluciones han salido pero no se han plasmado aún. No están puestas en práctica. Pero sí quedó en claro que quienes compren unidades que superen los 350.000 pesos deben presentar una declaración jurada en la que justifiquen el ingreso del dinero con comprobantes. Es decir, se pedirá documentación de cómo se generó esa plata”, pormenorizó Castellazzi.

Línea seguida, el entrevistado advirtió que “esta herramienta se ha puesto en funcionamiento para buscar más información, pero no genera una traba para las ventas. En autos de menor rango de dinero la normativa sigue igual”.

Y aseveró: “Salieron algunas resoluciones sobre las que se dio marcha atrás. Lo único novedoso es lo de justificar el origen de los fondos presentando documentación”.

Formularios

Según publicó recientemente la agencia Noticias Argentinas (NA), la creciente cantidad de trámites que debe realizar quienes compran o venden un automóvil en cualquiera de los 1.500 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, ha puesto en riesgo la normal atención de estos organismos, que podrían colapsar por las dificultades que se presentan a diario con las operaciones.

En los últimos días, nuevas medidas implementadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) han complicado la operatoria, publicó NA.

La situación contrasta con el anuncio que formulara hace un año el ministro de Justicia, Julio Alak, sobre que se reducirían de 103 a 16 los formularios que los usuarios deben completar, algo que aún está pendiente.

El panorama registral se complicó a partir del 1 de noviembre último, a partir de una resolución de la UIF destinada a "prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo" en la compraventa de vehículos cero kilómetro y usados.