El idilio entre el Gobierno y los autoconvocados de la sanidad en Tucumán duró menos de lo esperado. La tregua alcanzada en noviembre de 2009, con la firma de un acta acuerdo salarial que puso fin a un conflicto que mantuvo paralizada la atención en los hospitales durante meses, ahora se ve amenazada por una resolución ministerial. Se trata del polémico decreto 06, rubricado por el ministro de Salud, Pablo Yedlin, el pasado 13 de enero -en pleno receso estival-, el cual amenaza con sanciones a quienes lleven adelante acciones o reclamos que puedan entorpecer las prestaciones sanitarias.

Además, en las últimas semanas, por orden de las autoridades de esa cartera, se intensificaron los controles de asistencia y permanencia de los profesionales y demás empleados del SIPROSA en sus puestos de trabajo.

Estas medidas, que según los autoconvocados de la salud implican una clara persecución y una violación a los derechos de reclamo de los trabajadores, podrían desencadenar un nuevo conflicto.

Vuelta a las protestas

Los profesionales de la salud tomaron las inspecciones que se realizan por orden de Yedlin como un acto de provocación y persecución laboral, por lo cual decidieron convocar a una nueva "marcha de antorchas" a la plaza Independencia, el próximo 23 de marzo, a las 20.30, un día antes del feriado por el "Día de la Memoria".

"Esta movilización es para repudiar la resolución 06 del Ministerio de Salud, que dispone que cualquier acción de un agente del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) que interrumpa o entorpezca la prestación del servicio sanitario, será pasible de sanciones, argumentando que la Constitución obliga al gobierno a garantizar la salud de la población, considerado como un servicio esencial", explicó a EL SIGLO la doctora Adriana Bueno, referente de los autoconvocados.

La profesional opinó que esta herramienta, por el contrario de lo que argumenta el Poder Ejecutivo, "es violatoria de los artículos más elementales del a Constitución respecto a los derechos de los trabajadores, lo cual llama la atención. No es una resolución ingenua, sino más bien una provocación", advirtió.

Bueno agregó que, a raíz de esta resolución del Ministerio, "se están realizando una serie de controles de asistencia y permanencia en los puestos de trabajo, aún cuando no haya pacientes por atender, algo que solamente se hace en el ámbito del SIPROSA y no en las demás dependencias del Estado, lo cual es discriminatorio".

Además, aseguró que "no se controla a todos por igual en los hospitales, sino que se está apuntando especialmente a los delegados del sector de los autoconvocados y no se pone la mira en el resto de los empleados, que están agremiados a otras organizaciones".

Nuevo reclamo salarial

Por otro lado, la vocera de los sanitaristas aclaró que la movilización del próximo 23 de marzo también servirá "para insistir con el pedido de una nueva recomposición salarial, porque estamos en tiempo de paritarias pero el sector de la sanidad aún no fue convocado por el Gobierno".

Como se recordará, en noviembre último el Gobierno y los autoconvocados acordaron un aumento de 50 puntos, equivalente a un 25 por ciento, en la base de cálculo utilizada para determinar el haber básico de las distintas categorías de la sanidad; además de una titularización progresiva del personal contratado.

En aquel entonces también se acordó retomar las discusiones salariales este año, teniendo en cuenta que los sanitaristas, antes de firmar el acta con las autoridades, exigían que el incremento en la base de cálculo sea de 250 puntos (un 100 por ciento).

Bueno anticipó que, en esta oportunidad, exigirán un aumento de aproximadamente un 60 por ciento, para "elevar de 1.280 pesos a 2.100 pesos el salario básico para la categoría A (profesionales con título universitario), como parámetro para nivelar al resto de los trabajadores de la salud". Sobre el mismo punto, confirmó que desde el sector rechazan "terminantemente el aumento del 30 por ciento en el básico solicitado por AME (Asociación de Médicos Empleados), porque es un monto absolutamente insuficiente. Nos debe servir de ejemplo lo conseguido por los trabajadores docentes, a los que aplaudimos, porque lograron plasmar en el salario básico una larga lucha y vamos a tratar de imitarlos", acotó.

La galena justificó las pretensiones del sector asegurando: "Con carreras universitarias de 7 ó 9 años a nuestras espaldas y la enorme responsabilidad que implica prestar servicios esenciales para la población, como dice el Gobierno, necesitamos ganar un sueldo acorde".

Finalmente, Bueno dijo que "el Gobierno debe dar marcha atrás con estas medidas, que son totalmente inconstitucionales y lo único que hacen es enrarecer el clima, cuando el conflicto ya se había superado".