Trabajadores de la salud de Tucumán realizarán el martes una conferencia de prensa en la Cámara Alta para exigir el cese de los “aprietes” del gobierno provincial que lidera José Alperovich. Los autoconvocados piden la reapertura de las paritarias, la modificación de la carrera sanitaria, el 82 por ciento móvil y la finalización de todas las formas de precarización laboral. Además piden el cesen los descuentos que sufren en sus haberes. El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la salud (SiTAS), según expresa un comunicado de prensa, surgió en Tucumán en 2009 “con el objeto de defender los intereses de los trabajadores de la salud pública, para cubrir el espacio dejado por otros gremios de la salud que son afines al gobierno provincial”. La conferencia de prensa comenzará, a partir de las 16, en el Salón Arturo Illia del Parlamento, y contará con la presencia del senador radical y titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta, José Cano. Previamente, en compañía de los dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) manifestarán, con cortes en la circulación vehicular, frente a la sede del ministerio de Salud de la Nación. En Tribunales Por otra parte ayer, los trabajadores autoconvocados llevaron protestaron en las inmediaciones de los Tribunales Penales del Centro Judicial de la Capital, exigiendo la reapertura de la causa Funsal, que investigaba una supuesta contratación irregular y que fue archivada por decisión de la Fiscal de Instrucción Penal, María de las Mercedes Carrizo, para quien solicitaron una investigación. Los manifestantes interrumpieron momentáneamente el tránsito, al tiempo que un grupo de dirigentes hicieron llegar un documento al Ministro Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Luís de Mitri para que la causa sea reabierta. La Fundación Salud había sido contratada por la cartera sanitaria provincial para que dicte cursos de odontología por $ 800.000 en 2009. Según lo dispuesto por la Fiscal, la causa se archivó ya que, según lo resuelto por la investigación, a los responsables del presunto delito ya habían sido sancionados por el Tribunal de Cuentas de la provincia. Los autoconvocados consideran que la sanción que recibieron los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial corresponden a la faz administrativa, quedando pendiente la sanción ante la presunción de la comisión de un delito de índole penal, a lo que, con la determinación del archivo de la causa, nunca se podrá determinar.