Mientras negocia con los gremios estatales y ya tiene sellado el acuerdo con los docentes, el Gobierno se prepara para afrontar un nuevo, e imprevisible, escenario de agitación entre los trabajadores de la administración pública.
Las luces de alerta se encendieron cuando Pablo Yedlin, ministro de Salud, emitió una resolución declarando "como servicio esencial a toda prestación y/o actividad que sea desarrollada por el personal del Siprosa, tendientes a alcanzar un sistema igualitario, de promoción, reparación y rehabilitación de la salud física y mental de la población", lo que habilita a sancionar a los trabajadores que realicen un paro o un quite de colaboración.
La doctora Adriana Bueno, delegada de Concepción, aseveró que "nunca se hizo esto, ni siquiera en la dictadura militar, uno lo toma con estupor y sorpresa porque vulnera los derechos mínimos de un trabajador".
En tanto, los controles de presentismo y permanencia que está realizando el Siprosa, también despertó el malestar en varios centros asistenciales. Por ejemplo, ayer fue el turno del Hospital de Niños, donde se presentó una funcionario, que según los profesionales, no se identificó, para llevar adelante el control.
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