De esta forma, los Estados subnacionales tendrán que afrontar otro año de déficit fiscal creciente, que podría superar los $ 24.000 millones si se da la misma proyección de incremento salarial.

Si las administraciones provinciales quisieran alcanzar el equilibrio fiscal, deberían fijar un tope de 10% a los incrementos salariales, algo que luce más que utópico, sobre todo en pleno año electoral. Los cálculos son de la consultora Economía & Regiones (E&R).

Sirven para graficar los dolores de cabeza que enfrentan los mandatarios provinciales en medio de las discusiones paritarias que, en algunos casos como en Buenos Aires, ya derivaron en paros de maestros y amenazas de estatales o personal de la salud.

En tramos

La paritaria docente es clave para la dinámica fiscal que tendrán las provincias en el año. Y está supeditada a lo que fije la Nación. Tras discutir con cinco gremios docentes (Ctera, Uda, Sadop, Amet y CEA), el Estado nacional fijó un incremento de 22 por ciento, en tres tramos, que representa el piso a garantizar para los maestros de todo el país. Así ningún docente del país cobrará por debajo de $ 3.416 -cuando se termine de liquidar el incremento- con el sueldo de diciembre próximo.

La Nación aportó en 2012 $460 por cargo para que nueve provincias (Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan y Tucumán) puedan afrontar la diferencia entras las alzas que otorgan y el piso nacional.

Para Entre Ríos, el Estado nacional aportó $ 100 por cargo. Se trata del programa de Compensación Salarial Docente, que establece el artículo 9 de la ley de Financiamiento Educativo.

El informe recalca que esos fondos que aporta la Nación alcanzan a cubrir el 12% del gasto salarial docente que tienen que afrontar las provincias. Así, el rojo fiscal es una realidad. Sumando las plantas permanente, transitoria y el personal contratado, las provincias cuentan con unos 2 millones de agentes públicos, más del 11% de la población económicamente activa. De esta forma, el gasto en personal absorbe más del 50% del gasto primario provincial. Cada punto de aumento salarial que se otorgue en 2013 requerirá una erogación adicional de $ 1.700 millones a nivel consolidado. Si se parte de esa cifra, si se consolida a nivel provincial una suba a estatales del 22% tal como fijó Nación, el costo anualizado sería de $ 37.000 millones.

Si el aumento fuera de 30%, como reclaman mayoritariamente los gremios, los distritos tendrían que desembolsar $ 50.500 millones anuales. La consultora proyecta que las alzas promediarán el 24%, con lo cual el gasto en personal ascendería a $ 259.400 millones, que implicaría un déficit superior a los $ 24.000 millones anuales.