En tanto, las empresas seguirán cobrando el incremento, que llevó el mínimo de 1,10 a 1,50 pesos, como lo hacen desde el último viernes, aunque técnicamente es ilegal.

El debate que los ediles llevarán a cabo a principio de la próxima semana, también tendrá otros expedientes.

La polémica por la ilegalidad del aumento de los pasajes en las líneas 500 sin la autorización del Legislativo local, se extenderá al menos hasta la próxima semana.

Si bien fuentes oficiales del HCD aseguraron que la sesión estaba planteada para mañana, cuestiones burocráticas no les permitirían realizarla antes del lunes próximo.

El debate se llevará a cabo en el salón de comisiones de la sede administrativa, ubicada sobre la calle Víctor Vergani, entre Pedro Lagrave e Hipólito Yrigoyen.

Los ediles, repetirán lo hecho por la Provincia e incluso por deliberantes de otros municipios, que adhirieron a la suba de boletos de colectivos, impuesta por el Gobierno nacional a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Polémica

Tras la recomendación del Gobierno bonaerense a los Municipios para que adhieran al aumento, fuentes oficiales confirmaron a El Diario que: “no hay opción para oponerse al aumento” y argumentaron: “de no permitirlo, la gente se quedaría sin el servicio de colectivos comunales”.

A pesar de que la autorización para el incremento debe darse por parte del HCD, las fuentes explicaron que desde el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación, impusieron las nuevas tarifas a través de la red inalámbrica que maneja las máquinas del SUBE.

Incluso las de las líneas comunales que según la carta orgánica de los Municipio, deben ser regulados por el Concejo Deliberante.

El dato

Según fuentes oficiales, en el Orden del día de la sesión extraordinaria del próximo lunes, no solo se aprobará el expediente del aumento de pasajes, sino además el pedido de autorización para la compra de insumos hospitalarios.

Pero los ediles también votarán un escrito, aun no definido si como “resolución o comunicación”, solicitando al Ejecutivo que intervenga para que la empresa Edenor, cumpla con un resarcimiento ante los usuarios damnificados por los últimos cortes de energía extendidos.